No es momento de una reforma electoral

México vive uno de los momentos más complejos de los últimos años. En nuestro estado, Zacatecas, donde el esfuerzo productivo convive todos los días con retos importantes en materia de seguridad, hablar de estabilidad institucional no es un tema secundario: es una condición básica para que los negocios abran sus puertas con la confianza de que podrán invertir, operar y crecer.

En este contexto, abrir el debate de una reforma electoral no solo resulta inoportuno, sino riesgoso. No porque el sistema sea intocable ni porque no pueda mejorarse, sino porque el país enfrenta prioridades más urgentes que exigen atención inmediata y responsabilidad.

La inversión —nacional y extranjera— responde a señales. Y las señales que hoy necesita México son claras: eficacia institucional, Estado de derecho y certidumbre. En regiones como Zacatecas, donde sectores estratégicos como la minería, el comercio, el campo y los servicios sostienen miles de empleos, cualquier percepción de debilitamiento institucional incrementa la incertidumbre. Y la incertidumbre frena decisiones, proyectos y oportunidades.

Las reformas electorales que fortalecen a un país son aquellas que nacen del consenso, del diálogo ciudadano abierto y de procesos incluyentes. Desde la década de los noventa, la autonomía de las autoridades electorales y la pluralidad legislativa se consolidaron como avances relevantes de nuestra vida democrática. Ese modelo permitió alternancias pacíficas, estabilidad política y certeza jurídica. Es perfectible, sin duda, pero ha sido pilar para el desarrollo democrático y económico del país.

Hoy el entorno es distinto. Persisten hechos de violencia en distintas regiones, enfrentamos presiones económicas internas y externas, revisión de compromisos comerciales y debilidades en el Estado de derecho. En ese escenario, impulsar una reforma electoral sin consenso amplio introduce un elemento adicional de tensión cuando lo que más se requiere es estabilidad.

Las leyes electorales deben preservar principios fundamentales: autonomía real de las autoridades que organizan elecciones, pluralidad legislativa, fiscalización efectiva, inclusión de minorías y certeza jurídica. Estos principios son concesiones, son el resultado de décadas de construcción institucional.

Como empresarios lo tenemos claro: el desarrollo económico necesita reglas claras y estabilidad. No puede hablarse de prosperidad si la seguridad sigue siendo una deuda pendiente y si las señales institucionales generan incertidumbre. México concentrar esfuerzos en resolver lo que impacta directamente a las familias: empleo, inversión, paz y justicia.

Cuidar el sistema electoral también es cuidar la estabilidad del país. Hoy más que nunca, debemos priorizar lo que fortalece la confianza, la legalidad y el crecimiento.

Alejandro Romero Ávila

Presidente de COPARMEX Zacatecas

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