Luego de que un juez reclasificara el delito, Rubén de Jesús quedó a vinculado a proceso a libertad.
Alejandra de Ávila y Rafael de Santiago
Simultáneamente, integrantes del Movimiento Feminista de Zacatecas se manifestaron en el centro de la capital zacatecana, frente a las instalaciones de la rectoría de la UAZ.
El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén de Jesús Ibarra Reyes, abandonó el Centro Regional de Readaptación Social (Cerereso) este viernes al mediodía, luego de que un juez desechara la acusación de violación equiparada agravada, aunque sí le dictó vinculación a proceso por abuso sexual, el cual enfrentará en libertad.
Ibarra Reyes salió de las instalaciones del Cerereso a bordo de una camioneta Suburban y resguardado por unidades policiales. El funcionario universitario, quien portaba una gorra, se agachó para evitar ser captado por los reporteros que esperaban su salida.
La liberación del rector se produjo tras una audiencia que se prolongó durante 24 horas, en la que el juzgador permitió que abandonara el centro penitenciario de Cieneguillas, donde permaneció recluido durante seis días.
En conferencia de prensa, luego de la convocatoria de varios colectivos feministas para acudir al edificio de la rectoría para exigir la destitución inmediata del aún rector, Flores de la Torre se dijo respetuoso de toda manifestación, pero solicitó que no se dañen las instalaciones universitarias, además de que la institución está muy al margen de las definiciones que toma cualquier institución fuera de la UAZ.
Aproximadamente 80 manifestantes exigieron la destitución o renuncia inmediata de Ibarra Reyes como rector de la UAZ, lanzando consignas como “Las niñas no se tocan” y “Violador, Violador“. Durante la protesta, las manifestantes realizaron pintas en la fachada del edificio y acusaron a las autoridades universitarias de encubrir a acosadores y violadores sexuales.
Por su parte, la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Renata Libertad Ávila Valadez, se pronunció en contra de la resolución judicial mediante un comunicado, afirmando que “la justicia no debe tener excepciones. Ni por el cargo, ni por el prestigio, ni por los vínculos”. La legisladora expresó su preocupación por el hecho de que el caso continúe su curso con el imputado en libertad y que el tipo penal haya sido reclasificado, “reduciendo significativamente la posible pena”.
“Aceptar el delito no borra la violencia. Reclasificarlo no lo vuelve menos grave. Y permitir que se cumpla en libertad no repara el daño“, señaló la diputada, quien además exigió un proceso transparente, sin privilegios, protección y acompañamiento para la víctima, y que se actúe con plena perspectiva de derechos humanos y de género.
Un día antes, el Movimiento Feminista de Zacatecas había divulgado una carta del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, dirigida al gobernador David Monreal Ávila, al fiscal estatal Cristian Paul Camacho y al titular del Poder Judicial de Zacatecas, Carlos Villegas. En ella, afirmaban que la Fiscalía había recabado pruebas suficientes para proceder contra el rector, pero que no se había actuado “debido a la relación que el presunto responsable tiene con diferentes grupos de poder“.
El Observatorio hizo un “enérgico llamado a las autoridades estatales competentes para que actúen conforme al debido proceso, con la diligencia, imparcialidad, transparencia y, sobre todo, con el enfoque de derechos humanos y del interés superior de la niñez a los que se deben”.
