No es a la ciudadanía a quien corresponde decidir si se debe procesar o investigar esas posibles conductas delictivas.

La consulta, pues, sólo favorece a validar una idea equivocada similar a un linchamiento: decidamos por propia mano.

No sólo debilita al órgano investigador y aquellos encargados del combate a la corrupción del presente gobierno, sino que invalida la legalidad de una decisión que siempre ha estado en manos del Estado llevar a cabo.

Es pues, una voltereta política oportunista, cuyo resultado es incluso obvio, considerando la publicidad y llamamiento que el partido del presidente ha venido haciendo, con figuras que representan a los aludidos que en la pregunta aprobada no pueden nombrarse.

Podría incluso interpretarse como un insulto a la inteligencia de los ciudadanos que no podrían sino estar de acuerdo con que las autoridades hagan lo que les corresponde.