Dos investigaciones periodísticas, impulsadas por Forbidden Stories, un organismo que respalda y ayuda a hacer visibles trabajos periodísticos de gran impacto, están poniendo en verdadero valor el papel de los medios como detonantes de hechos que, por su contundencia, deberían estar en el primer nivel de discusión de la sociedad.

Una de estas es la investigación sobre el malware de espionaje “Pegasus” que permitió espiar miles de números telefónicos en al menos cinco países, entre ellos México, con la consecuente violación de los derechos de periodistas, integrantes de organizaciones civiles, funcionarios, figuras religiosas, académicos, presidentes y primeros ministros.

Según las leyes mexicanas, la intervención de las comunicaciones sin orden judicial es un delito. La propia Constitución contempla el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones.

La revista Proceso fue colaboradora en el Proyecto en México, al igual que Aristegui Noticias. Amnistía Internacional, también participante, ha pedido que se informe acerca del destino de toda la información que fue extraída.

Hasta ahora, el Gobierno mexicano admite que, en los gobiernos pasados, cuatro entidades firmaron contratos para adquirir el malware por más de 60 millones de dólares y que información sobre ello ha sido entregada a la FGR. Habrá que ver los resultados y la acción de esta instancia ante estos posibles delitos y sus autores.