Hoy que está de moda perseguir políticos que se relacionan con instituciones extranjeras y que la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, anda brava pidiendo enjuiciar a la senadora Lily Téllez por traición a la patria, al parecer se olvida que sus propios padres, Bertha Luján y Arturo Alcalde Justiniani, como líderes del Frente Auténtico del Trabajo, FAT, llevaron denuncias laborales de México a foros de Estados Unidos y Canadá así que bajo la lógica que hoy defiende Morena, ellos mismos serían señalados por lo mismo. Y si hablamos de ser influyentes pues hay que ver los alcances de la familia Alcalde Luján que ocupa una enorme red de cargos en el gobierno central: su hermana Bertha Alcalde Luján ha ocupado la dirección de Cofepris y fue propuesta para el INE al final del día es la fiscal general de la CDMX en donde mal no le está yendo; otro de sus hermanos trabaja en la cancillería; y la propia Luisa María saltó de diputada a secretaria del Trabajo y hoy dirige el partido sin experiencia previa de peso. Lo que nos dicen es que el FAT, sus mandos directivos, la mayoría terminó trabajando en el gobierno federal ¿Contradicciones? Algunas

En la transición hacia el cobro obligatorio con TAG en las casetas, proveedores históricos del mantenimiento de equipos de peaje y telepeaje se resisten al cambio. Por ello, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro, sigue de cerca el reciente proceso de licitación de Capufe. A la fecha, permanecen pendientes de asignación siete partidas que quedaron desiertas y que podrían terminar adjudicadas de manera directa a empresas previamente descalificadas. La insistencia de firmas como Controles Electromecánicos por no ser desplazadas, tras décadas en el negocio, resulta más que evidente. De ahí también la reaparición de viejos operadores dentro del sector carretero: Manuel Rodríguez Arregui, ex subsecretario de Transporte, y Óscar de Buen Richkarday. Y no hay que perder de vista a la subdirectora de Tecnologías de la Información, Nayeli Ángeles Zúñiga, cuya presencia en el proceso no es menor.

Nos cuentan que en Toluca unas cuantas decenas de personas acudieron a la convocatoria del colectivo No al Tarifazo Edomex. Marcharon bajo esa consigna y plantearon demandas legítimas: unidades dignas y tarifas preferenciales para estudiantes y adultos mayores. Lo cierto es que el ajuste tarifario en análisis —el primero que se hace desde 2018— parte precisamente de esas preocupaciones. Con un estudio técnico y socioeconómico de respaldo, la intención del gobierno de Delfina Gómez es que el incremento sirva para mejorar el servicio, modernizar unidades y generar condiciones más seguras para los usuarios. En Palacio de Gobierno insisten en que no se trata de un golpe al bolsillo, sino de un esfuerzo de justicia social que busca equilibrar las necesidades de quienes usan y de quienes ofrecen el transporte.

Crece el problema del basurero de Celestún. Y es que nos dicen que ninguno de los tres niveles de gobierno han hecho caso del basurero ilegal que hay ahí. La denuncia de su existencia tiene más de cuatro años que no es atendida. Y ahora, luego de que fue evidenciado por los activistas parece que no hay quien haga caso al problema que se tiene en la reserva de la biosfera. Nos dicen que el tema cada vez crece más, ya que el enojo y molestia de la gente aumenta y la contaminación a mantos freáticos avanza, dañando no solo la vegetación, el manto acuífero y a la vida silvestre que hay, sino la salud de la gente en la cercanía. ¿Y las autoridades? nos mencionan que solo se echan la bolita entre Semarnat, Profepa y las autoridades estatales, pero ninguna se mete a trabajar en el tema.

Por cierto, hablando del sureste, la SEP de Mario Delgado puso en marcha nueva infraestructura educativa en Cancún con el inicio de construcción del CBTIS 301 Cuna Maya. Se supone que contó con el apoyo de la gobernadora Mara Lezama ya que el plantel es de los más equipados del país y tendrá una inversión de 62.5 millones de pesos. Hasta donde se sabe será un plantel de tres niveles, equipado con aulas, laboratorios y talleres y forma parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que le da prioridad a la infraestructura educativa y a la ampliación de la cobertura educativa