Estado mexicano está en deuda con los pueblos indígenas

México.- El Estado mexicano está en deuda con los pueblos indígenas, pues sus derechos ni siquiera aparecen en la norma más importante del país, que es la Constitución, aseguraron especialistas.

En 1996, con la firma de los Acuerdos de San Andrés, el gobierno mexicano reconoció por primera vez los derechos colectivos de los pueblos originarios, pero luego los incumplió y se negó a incorporarlos a la Constitución.

Hoy, en el marco de la 4T, se prepara una reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos originarios, lo que para el antropólogo Barrera Hernández representa una nueva “oportunidad histórica de que se logren las aspiraciones de hace dos décadas”.

El gran desafío, sin embargo, es que esta legislación recupere realmente la voz de los pueblos indígenas y que el Ejecutivo federal no incumpla su palabra, como ocurrió con la experiencia de los Acuerdos de San Andrés, señala el activista.

Reconocer a los pueblos indígenas y aprender de ellos

Problemáticas antañas persiguen a los pueblos originarios de México: la pobreza, el rezago educativo, la desnutrición, la falta de asistencia médica y de acceso a otros servicios básicos.

Éstas se intensifican con las actuales políticas de desarrollo basadas en megaproyectos y de la violencia y la desarticulación comunitaria que ha dejado la actividad criminal en los territorios, afirma Barrera Hernández.

El director del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan asegura que los pueblos originarios están dispuestos a dialogar y a tomar acuerdos, siempre y cuando las iniciativas les garanticen el piso básico de lo que para ellas y ellos significa el desarrollo.

“Que florezca el México profundo con una inversión grande hacia el campo para que los pueblos indígenas puedan levantarse del fango en el que se les sumió”, dice.

Para los para las comunidades indígenas, el cargo público significa, en esencia, cargar los problemas del pueblo.

Muchas consultas, pero no garantizan el consentimiento libre, previo e informado

La reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos originarios también está en proceso de consulta a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Gobernación.

Estas consultas, sin embargo, han sido cuestionadas por no responder a los principios del derecho internacional, como lo advirtió la propia Relatora de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas Victoria Tauli-Corpuz.

En una comunicación dirigida al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la experta advirtió que las consultas emprendidas durante su gestión no garantizan a los pueblos y comunidades indígenas el consentimiento libre, previo e informado.

Precisa, por ejemplo, que el hecho de convocar a la población en general a que se pronuncie “no constituye una garantía efectiva de los derechos de los pueblos indígenas”.

Barrera Hernández considera que “hay claroscuros en el esfuerzo de la consulta”, aunque reconoce que es un gran avance que se hagan.

Por tanto, sostiene para lograr un cambio sustancial, una verdadera transformación, es imprescindible acabar con esta relación política asimétrica: “Que los pueblos y comunidades indígenas sean tomados en cuenta, pero en serio; no para simular”.