Con las pruebas y alegatos presentados, el priísta estima que la Sala Superior emita una resolución en dos semanas más.
Cuando el gobierno federal desapareció el INAI, no solo le coartó a los mexicanos el derecho a la información, sino también su derecho a la protección de sus datos personales, es decir, su nombre, fecha de nacimiento, domicilio, número de credencial de elector, CURP, RFC, grado de estudios, ingresos, correos electrónicos, números de teléfono, nombres de cónyuge, padres, hijos, hermanos, entre otros. Son datos muy delicados, que si caen en manos de empresas, éstas no dejan de acosarlos, pero si caen en las manos de la delincuencia mucho peor, dejan al ciudadano en completa vulnerabilidad.
Lo anterior viene a cuento debido a que este viernes entró en vigor el registro obligatorio de celulares, con identificación oficial con fotografía y CURP, con plazo a 6 meses, de lo contrario al usuario le será cortada la línea telefónica. Claro, esto lo hace el gobierno con la noble intención de combatir la extorsión, pero si alguien le roba la persona el teléfono y lo usa para extorsionar, al que van a meter a la cárcel es al dueño de la línea. Además, se supone que las empresas telefónicas ya tienen los datos de sus clientes, así que esta medida se antoja más como una nueva molestia para el ciudadano para tenerlo más controlado.
Ayer mismo trascendió en un medio informativo de circulación nacional que la Fiscalía General del Estado de Baja California, que encabeza la fiscal MARÍA ELENA ANDRADE RAMÍREZ, había sufrido un robo de la base de datos de agentes de la Agencia Estatal de Investigación y que en los próximos días se daría más información. Hasta el momento, la fiscal estatal no se ha pronunciado al respecto. De todo esto surge una pregunta: Si en la FGE no son capaces de cuidar los datos personales de sus propios agentes, ¿qué esperanzas tiene un mortal ciudadano de que el gobierno federal le cuide sus datos personales? La verdad no creemos que les importe mucho.
Quien considera que los diputados locales no hicieron las cosas bien en cuanto a la reforma de revocación de mandato que no fue homologada en Baja California cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, es el representante legal del PRI en la entidad, JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS, por lo que el partido recurrió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exigir al Instituto Estatal Electoral modifique sus lineamientos para incluir a los munícipes y diputados locales entre los servidores públicos que pueden ser sometidos a la revocación de mandato. Esta exigencia, dijo, la presentó en mayo de 2025 para que el Consejo General emitiera los lineamientos para que la ciudadanía pudiera tramitar una revocación de mandato en contra de la gobernadora MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA, pero como la homologación de la reforma federal fue aprobada hasta agosto de ese año por el Congreso local, ésta no podría aplicarse a la actual mandataria, sino hasta la siguiente administración estatal. BLAS RAMOS argumentó que la premura con la que se aprobó la reforma influyó en que munícipes y diputados quedaran excluidos de ser sometidos a la revocación de mandato, por lo que llevó el caso hasta la Sala Regional Guadalajara del Tribunal en mención, donde rechazaron el recurso. Ante esto, presentó el recurso en la Sala Superior del TEPJF en busca de que dicha autoridad le dé la razón y ordene al IEEBC modificar sus lineamientos para que tanto presidentes municipales como diputados entren en la fórmula de la revocación. “¿Qué estamos pidiéndole en este caso a la Sala Superior? Que los derechos políticos no tienen que ser constreñidos directamente a la cuestión del legislador, ya que el legislador, en este caso los diputados, lo hicieron tarde y lo hicieron mal”, manifestó.
Ante el número de ciudadanos que se han visto impedidos para pagar su predial debido a las multas y recargos que no han sido cubiertos, la alcaldesa NORMA BUSTAMANTE MARTÍNEZ indicó que trabajarán en un mecanismo para que el sistema les permita cubrir dicho pago. Comentó que durante los primeros días de enero se registró un ligero incremento en el pago del predial en comparación con las mismas fechas de 2025. Sin embargo, la autoridad municipal detectó que algunos ciudadanos no lograron concluir con el proceso debido a que tenían multas y recargos, las cuales debían cubrir primero antes de poder pagar el predial. Indicó que una vez que se modifique dicho mecanismo, los ingresos por el pago del predial incrementarán. La primera edil estimó que las multas que más ingresos le generan al Ayuntamiento de Mexicali anualmente son las de tránsito, seguido de las ecológicas, aunque no dio cifras.
