La mandataria estatal recordó que existen grabaciones y videos de la colocación de la primera piedra de lo que sería la fotovoltaica, aunque ahora se niegue.
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Pocos recuerdan que uno de los argumentos utilizados por el entonces presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR para lanzar el decreto de regularización de los llamados autos “chocolate”, fue la seguridad pública. Nunca fue la protección al medio ambiente, ni el mejoramiento de vialidades, ni tapar baches, esto último fue como un extra. Uno de los argumentos más fuertes que se usó en este tema es que muchos o la mayoría de los delitos se cometían en vehículos de procedencia extranjera, que se encontraban de manera irregular en el país. Con la regularización no sólo no bajaron los delitos, sino que aumentó el mercado de vehículos de procedencia estadounidense que se acogieron al decreto, por lo que del 19 de enero del 2022 al 31 de diciembre de 2025 se regularizaron casi 3 millones de vehículos, de los cuales cerca de medio millón correspondieron a Baja California.
Hay que reconocerlo, la terminación del decreto es una de las acciones más importantes de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO y representó un fuerte golpe a las finanzas del gobierno federal, a los estados y municipios. Tan solo Mexicali obtuvo alrededor de 265 millones de pesos en casi 4 años y no se ha visto alguna mejoría en las vialidades. Por otro lado, el decreto no acabó con esos organismos de defensa al patrimonio familiar que ahí siguen, aunado a la gran cantidad de vehículos circulando con placas americanas y a éstos no hay autoridad que los moleste, por más humo que echen. ¿Y la seguridad? Pues dicen que ha mejorado, pero seguramente no gracias al decreto.
Lo que sucede en el Sindicato de Burócratas es toda una novela política. Como ya fue informado por este medio, dicho Sindicato inició su proceso electoral antes de culminar el 2025. En diciembre pasado en la Sección Mexicali se conformaron dos Colegios Electorales: uno de SELENE COTA BERNAL, dirigente sin toma de nota de la Sección y otro de GUILLERMO ALDRETE CASARÍN, secretario general del Comité Estatal del Sindicato. COTA BERNAL logró convencer a los demás aspirantes de conformar por la buena un Colegio Electoral legalmente constituido, mismo que aceptaron. Incluso, éste ya fue avalado por el Tribunal de Arbitraje del Estado, según la misma COTA BERNAL. Sin embargo, el colegio aún no termina por conformarse, ya que obligatoriamente tiene que integrarlo un miembro del Comité Estatal del Sindicato, es decir, gente de ALDRETE CASARÍN, mismo que se ha negado a enviar un representante. Ayer el secretario general estatal del Sindicato de Burócratas aseveró que no reconoce ni avala la conformación del Colegio Electoral formado en la Sección Mexicali y por ese motivo rechaza enviar a su representante. ¿Por qué lo desconoce? La respuesta solo él la sabe. El tema es que el colegio permanece incompleto y a finales de este mes tendrían que quedar definidas las candidaturas, pero por lo visto éstas serán unas elecciones largas.
Aunque el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA, declaró que cruzar a EU con dinero en efectivo sin declarar no constituye un delito en el vecino país, el representante legal del PRI en Baja California, JOEL ABRAHAM BLAS RAMOS aseveró que el caso de la diputada ALEJANDRA ANG HERNÁNDEZ no solo le corresponde investigarlo a las autoridades estadounidenses, sino también a las mexicanas, ya que la legisladora también tuvo que haber declarado la cantidad de dinero con la que fue encontrada.
Joel Abraham Blas Ramos / Juan Salazar / La Voz de la Frontera
Detalló que tanto las autoridades de la Secretaría de Hacienda como de la Aduana mexicana cuentan con un formulario que debe presentar toda persona o empresa que pretenda introducir o extraer más de 10 mil dólares en efectivo. “Dentro de este formato se dice el tipo de vehículo, la cantidad, si es internación o extracción, el formato es muy claro”. Recordó que el artículo 9 de la Ley Aduanera establece que “toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y lleve consigo una cantidad superior o equivalente a 10 mil dólares, estará obligada a declararla ante las autoridades aduaneras en las formas oficiales aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria”.
Debido a esto, BLAS RAMOS consideró que existe una conducta ilegal del orden federal por parte de la diputada ANG HERNÁNDEZ y por ello presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República. “Las sanciones vienen equiparadas en el Código Fiscal de la Federación y pueden ser consideradas como contrabando”, concluyó.