Zoon politikón / Transformar o recaudar
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Querétaro, 21 de marzo de 2026
Hay decisiones públicas que nos obligan a mirarnos al espejo como sociedad. El reciente aumento al impuesto de las bebidas azucaradas, aprobado entre aplausos oficiales y protestas ciudadanas, es una de ellas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho con convicción que no hay nuevos impuestos, solo “actualizaciones”. Pero más allá del juego semántico, el bolsillo lo resiente y la realidad también: el precio del refresco subirá, y lo hará de manera significativa.
Podríamos reducirlo a un tema fiscal: el Estado busca recaudar más. Pero sería simplificar un debate que toca fibras más profundas, porque detrás de cada botella burbujeante se esconde una historia de hábitos, desigualdades y enfermedades. En México se consumen, en promedio, 166 litros de refresco por persona al año, el equivalente a medio litro diario. Esa cifra nos coloca entre los mayores consumidores del mundo. Si la media es esa, es porque hay familias que toman el triple, que viven prácticamente endulzadas por el gas carbónico. No es un asunto menor: cada trago supone un costo que pagamos todos, tarde o temprano, con los impuestos, cuando el sistema de salud debe hacerse cargo de la diabetes, la obesidad o las enfermedades cardiovasculares derivadas del exceso de azúcar.
La lógica del impuesto parece clara: desincentivar el consumo y, con ello, aliviar la carga sanitaria y presupuestal. Pero hay un detalle incómodo. Los datos muestran que quienes más consumen refresco en México son precisamente las personas con menos recursos. No por falta de voluntad o de información, sino porque, en muchos lugares, el refresco es más accesible que el agua potable. En zonas rurales y colonias populares, abrir la llave del fregadero no garantiza agua limpia, y una garrafón de purificada puede costar lo mismo o más que una botella de refresco. Frente a ese escenario, el impuesto no golpea a quien elige, sino a quien no tiene alternativa.
Por eso, más que discutir si el impuesto es justo o no, la pregunta real debería ser: ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Se estima que el Estado recaudará alrededor de setenta mil millones de pesos adicionales. Es una cifra gigantesca, equivalente al presupuesto anual completo de Querétaro. ¿Se destinará ese recurso a mejorar la infraestructura de agua potable? ¿A programas de educación alimentaria? ¿A subsidios que hagan más barata y accesible el agua en comunidades marginadas? Si no se hace, el impuesto corre el riesgo de ser un castigo para los más pobres, en lugar de una herramienta de salud pública.
México necesita más que un ajuste impositivo: requiere un cambio cultural y estructural. Educar en hábitos saludables desde la infancia, enseñar el valor del agua y de la alimentación natural, promover entornos donde la opción saludable no sea un lujo sino la norma. Pero para lograrlo, el Estado debe garantizar lo básico: agua limpia, accesible y permanente. Solo entonces el discurso del cambio tendrá sentido.
Es cierto que cada quien elige lo que bebe, pero no todos lo hacen en igualdad de condiciones. Cuando el agua es cara o escasa y el refresco está en cada esquina, la libertad de elección se vuelve una ilusión. Por eso este impuesto nos pone frente a un dilema moral y práctico: ¿queremos recaudar o queremos transformar? Si de verdad se busca un México más saludable, lo coherente sería reinvertir lo recaudado en garantizar que el agua potable sea una realidad cotidiana, no un privilegio.
La medida tiene sentido, sí, pero incompleto. Subir el impuesto puede ser el primer paso, no el último. El reto es que este esfuerzo fiscal se convierta en una política pública integral: que el precio del refresco no solo duela en el bolsillo, sino que mueva la conciencia y, sobre todo, que abra la posibilidad de elegir diferente. Beber agua debería ser tan sencillo como abrir la llave. Cuando eso ocurra, tal vez sí podamos brindar —con agua, por supuesto— por un cambio real.
