Persecución y el derecho a no callar
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Xalapa, 6 de marzo de 2026
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La democracia mexicana atraviesa su hora más aciaga. Lo que comenzó como un proyecto de “transformación” se ha convertido en una sistemática demolición de los contrapesos institucionales que tardamos décadas en construir. El caso de Alejandro Moreno Cárdenas no es un episodio aislado de persecución política; es la manifestación más visible de un patrón autoritario que se extiende por todo el tejido social mexicano.
La desestimación definitiva del proceso de desafuero contra Moreno Cárdenas por parte de los jueces federales no sorprende a quien haya seguido este caso con objetividad. Desde el inicio, era evidente que se trataba de una construcción política burda, armada con la precipitación de quien necesita urgentemente desviar la atención pública de escándalos mayores. Trataron de doblegar a Alejandro, fallaron en los tribunales y por ello insisten en un nuevo proceso que confirma que hay persecución política.
Pero sería un error mayúsculo reducir esta crisis a un solo caso. La persecución contra Moreno Cárdenas es apenas la punta del iceberg de un sistema que ha convertido la procuración de justicia en un instrumento de venganza política. La escalada autoritaria se manifiesta en múltiples frentes: Las madres buscadoras que se atreven a señalar la incompetencia gubernamental en materia de desaparecidos enfrentan amenazas y criminalización de su dolor. Los padres de familia que exigen medicamentos oncológicos para sus hijos son tachados de “golpistas” y enfrentan la indiferencia institucional como castigo a su “osadía” de exigir lo que el Estado debe garantizar.
Los empresarios que no se pliegan a los caprichos presidenciales ven cómo sus negocios son objeto de inspecciones “sorpresa” y auditorías selectivas. Los comunicadores independientes enfrentan una doble embestida: por un lado, la reducción drástica de la publicidad oficial para medios críticos; por otro, campañas sistemáticas de desprestigio desde las tribunas oficiales. Los ciudadanos comunes que se atreven a disentir en redes sociales descubren son sentenciados y estigmatizados por opinar en contra de encumbrados personajes del oficialismo. Las publicaciones periodísticas enfrentan presiones económicas y amenazas veladas que buscan doblegarlos o silenciarlos.
Y en estados como Puebla o Campeche, la censura se ha institucionalizado con una desfachatez. La instalación de sensores y sistemas de control de la información marca un precedente peligrosísimo que, de no ser frenado, se extenderá como mancha de aceite por todo el territorio nacional. Ante este panorama desolador, la indignación ciudadana no es solo un derecho; es un deber moral y cívico. No podemos permitir que la normalización del autoritarismo nos lleve por el sendero de la resignación. La historia universal nos enseña que las democracias no mueren de un solo golpe; se erosionan lentamente, caso por caso, institución por institución, hasta que un día despertamos en un país que ya no reconocemos.
No basta con la indignación individual ni con las protestas esporádicas. La democracia mexicana requiere una movilización ciudadana sostenida, inteligente y masiva. La resistencia democrática no puede esperar. Cada día que permitamos la normalización del autoritarismo es un día que perdemos en la batalla por el futuro de México.
El régimen de la 4T ha mostrado su verdadero rostro: el del autoritarismo criminal que utiliza las instituciones como arietes contra sus opositores. Ante ello, la ciudadanía tiene la palabra. Y esa palabra debe expresarse con claridad meridiana: en México, la democracia no se negocia, se defiende. En este México convulsionado por la narcopolítica, la verdad tiene un nombre: se llama resistencia democrática.
