Esta reforma surge en medio del “verano de escándalo” de Morena: la vinculación de Adán Augusto López con actividades del crimen organizado, los excesos de Andy López Beltrán y las señales de Estados Unidos sobre la complicidad del gobierno mexicano con grupos criminales. La reforma funciona como cortina de humo para ocultar estos escándalos.
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En 48 años de transición democrática, México no había visto una reforma electoral construida desde el oficialismo. Todas las transformaciones que dieron forma a nuestro sistema democrático surgieron del empuje de los partidos de oposición y la sociedad civil. Morena rompe esa tradición histórica con una reforma que, aunque no ha sido formalmente presentada, ya ha sido preconfigurada por sus voceros con un objetivo claro: aniquilar la representación plural y consolidar un régimen autoritario.
La estrategia es sistemática. Primero capturaron el Poder Judicial mediante una reforma que elimina la independencia de los tribunales y la carrera judicial, con el propósito de que la Suprema Corte sea un instrumento dócil del poder ejecutivo. Ahora van por el Legislativo, pretendiendo eliminar la representación proporcional para anular definitivamente la voz de las minorías políticas. Sin representación de minorías, no habrá voces críticas en el Congreso, no habrá fiscalización real del presupuesto, no habrá contrapesos institucionales que puedan exhibir la corrupción que caracteriza a este gobierno.
La eliminación del financiamiento público revela la hipocresía del oficialismo. A Morena no le preocupa eliminar estos recursos porque opera con ventajas ilegítimas: el uso clientelar de los programas sociales para fines electorales y el financiamiento opaco mediante “sobres amarillos”, como demostró el caso de Pío López Obrador, quien recibía más de medio millón de pesos mensuales de David León, operador del Partido Verde. Mientras predican austeridad, practican la corrupción más descarada.
El financiamiento público existe para evitar la dependencia de recursos privados opacos y criminales, para garantizar condiciones de equidad electoral e impedir que los partidos se conviertan en instrumentos de intereses económicos particulares. Eliminarlo no es democratizar, sino abrir la puerta a la corrupción sistémica y al control oligárquico de la política.
Este gobierno ha deteriorado la infraestructura y servicios que el PRI construyó en décadas. Lejos de alcanzar el sistema de salud “como el de Dinamarca” que prometieron, enfrentamos desabasto de medicamentos y la responsabilidad criminal de funcionarios como Hugo López Gatell, quien debería responder en prisión por el manejo negligente de la pandemia que costó cientos de miles de vidas.
La defensa de la democracia exige valentía. El PRI, con el liderazgo de Alejandro Moreno, ha demostrado ambas cualidades. Él ha denunciado el autoritarismo mexicano en foros internacionales, desde su posición como presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina hasta sus interlocuciones con parlamentarios europeos y estadounidenses. Esta valentía lo ha convertido en un perseguido político del régimen, pero también demuestra que el PRI mantiene liderazgo internacional en la lucha contra el autoritarismo. La persecución contra Moreno es una confesión de culpabilidad del régimen. Solo los gobiernos autoritarios persiguen a sus opositores. Que haya sorteado exitosamente todos los procesos legales fabricados demuestra la fragilidad de estas acusaciones y la solidez de un liderazgo que no se deja intimidar.
México enfrenta un momento definitorio. La reforma electoral de Morena no busca mejorar la democracia, sino eliminarla. No pretende perfeccionar la representación, sino aniquilarla. Como legisladores de oposición, tenemos la responsabilidad histórica de resistir este embate autoritario con la misma determinación de quienes construyeron la democracia mexicana. No permitiremos que México retroceda al autoritarismo disfrazado de “transformación”.
