El deterioro criminal a la democracia
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Xalapa, 9 de marzo de 2026
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El fenómeno que observamos en México trasciende la tradicional confrontación política entre partidos. Lo que emerge es un modelo de gobernanza que, siguiendo los patrones clásicos de deterioro democrático, ha logrado institucionalizar la persecución como mecanismo de control social. Este régimen, heredero del populismo punitivo lopezobradorista, no se conforma con neutralizar a la oposición partidista; busca domesticar el tejido social en su conjunto.
Cuando hablamos de persecución política, no es solo la criminalización de políticos opositores a Morena o la estigmatización mediática de periodistas críticos. El fenómeno adquiere dimensiones más perversas cuando se extiende hacia empresarios que osan cuestionar políticas públicas, activistas que defienden causas ambientales, de colectivos por la defensa de niños con cáncer, o simplemente ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a disentir en espacios públicos.
Este régimen opera mediante una sofisticada ingeniería de la legalidad aparente. Utiliza instrumentos formalmente legítimos, como la facultad de investigación de la Fiscalía General, las conferencias matutinas presidenciales convertidas en tribunales mediáticos, o la reinterpretación selectiva de normas fiscales, para crear un estado de indefensión jurídica permanente.
El derecho fundamental a la libertad de expresión, consagrado en el artículo sexto constitucional y reforzado por los tratados internacionales que México ha ratificado, sufre una erosión sistemática no tanto por prohibiciones explícitas, sino por la generación de un clima de intimidación que vuelve costoso, económica, social y políticamente, el ejercicio de la crítica pública.
Cuando el gobierno logra neutralizar exitosamente la crítica, periodistas, intelectuales, empresarios, políticos de oposición, el mensaje que envía al ciudadano común es inequívoco: la disidencia tiene precio. Este fenómeno, documentado ampliamente en la literatura sobre autoritarismo competitivo, genera lo que los sociólogos denominan “autocensura preventiva”.
Quizás el daño más profundo y duradero de este régimen sea el que inflige a las nuevas generaciones. Los jóvenes mexicanos están siendo socializados políticamente en un contexto donde la crítica al poder se percibe como peligrosa, donde el debate público se ha polarizado al extremo, y donde la participación ciudadana se desalienta mediante la satanización sistemática del disenso.
Esta dinámica genera lo que podríamos llamar “ciudadanos defensivos”: individuos que, ante la imposibilidad de participar constructivamente en el debate público sin ser etiquetados o perseguidos, optan por la apatía política como estrategia de supervivencia social. El resultado es una democracia vaciada de contenido, formalmente competitiva pero sustantivamente empobrecida.
Cuando los asuntos de interés nacional se reducen a lealtades o se satanizan como traiciones al “proyecto de nación”, se elimina la posibilidad del debate informado y constructivo. Las nuevas generaciones están expuestas a la idea de que cuestionar las políticas públicas equivale a traicionar la patria.
Morena quiere que exista espacio para la propuesta alternativa o el disenso. En este contexto, la respuesta racional para algunos jóvenes es la desconexión política, el desinterés por los asuntos públicos y la concentración en sus esferas privadas como único espacio seguro para el desarrollo personal.
El legado más funesto del régimen lopezobradorista no radica únicamente en sus políticas específicas, sino en haber normalizado un modelo de ejercicio del poder que considera legítimo el uso de la investidura presidencial para perseguir, estigmatizar y neutralizar a quienes disienten. Este precedente, si no es revertido mediante la reconstrucción de contrapesos institucionales efectivos y la revitalización de una cultura cívica crítica, amenaza con consolidar un sistema político en donde la pluralidad democrática ha sido sistemáticamente debilitada. La lucha política no cesa, los partidos y los ciudadanos no debemos desistir en dar la batalla por restaurar la democracia y las libertades.
