Solo así podemos entender las colusiones, los cochupos el intercambio de favores de la mayoría legislativa: sus intereses son tan grandes como su miedo.
Se sirvieron con la cuchara grande. Dispusieron del dinero del Pueblo de Chihuahua como si fuera de ellos. Me corrijo, con su propio dinero uno no es tan despilfarrador como ellas y ellos lo hicieron con el erario chihuahuense. Constituyeron un fondo de retiro y compensación para las magistradas y magistrados salientes que ni Obama.
Tienen nombres y apellidos, claro está. Son las diputadas y diputados locales del PAN y del PRI, de los que era de esperarse, tal ha sido su abyección ante los oscuros designios de arriba. También era de esperarse de los del PT y del PVEM aliados a la carta del poder establecido, lo mismo proclaman los valores de la 4T a nivel nacional, que los contradicen en el plano estatal. (¿Tendrá Morena necesidad de este tipo de cobijas?) Y en el caso del diputado restante, su oportunismo e intereses por posicionar a su familia fueron directamente proporcionales a su rimbombancia discursiva.
No pararon ahí: el lunes 24 le hicieron el vacío a la sesión extraordinaria del Congreso del Estado para definir las listas del Poder Legislativo para las candidaturas a juzgados y magistraturas del Poder Judicial, comerse el reloj, como dicen en el Futbol Americano y sólo dejar vivas las listas de los palacios, el de gobierno y el judicial. Tuvieron el descaro de faltar cuando el pueblo les paga -y mucho- por acudir a las sesiones.
La impunidad legislativa del PRI-PAN-PT-PVEM-MC campea por todo lo alto y por todo lo ancho. Nunca tan pocos habían dado tanto dinero de muchos a tan otros pocos. Por solo servir (¿a quién?) poco más de 10 años, muy bien pagados por cierto, las y los diputados anteriormente mencionados, les otorgaron a las y los magistrados que se retiran y no se presentarán a las elecciones del poder judicial, del 50 al 72% de su compensación actual (entre 60 y 80 mío pesos mensuales) como pensión vitalicia. Y ya en carrera dos les regalaron tres meses y veinte día por año de “servicio”, cuando esta prestación sólo se aplica a las y los trabajadores con 15 años o más de antigüedad.
O sea que por haber trabajado 10 años en el Judicial, dicho grupo selecto (¿mafioso?) de magistradas y magistrados se llevarán casi un millón de pesos anuales durante toda su vida, cantidad ajustada según el Índice de Precios al Consumidor del INEGI, o sea que no se deterioran con la inflación. En cambio ejercen una evidente discriminación con las personas que no ocupan magistraturas y que han laborado en el Judicial no 10 años sino 28 o 30, y que no pueden acceder a una pensión hasta los 52 años las mujeres y 54 años los hombres, pero equivalente máximo al 50% de sus percepciones y no ajustable a la inflación.
La desvergüenza de estas y estos legisladores faltistas y manirrotos los exhibe ante la clase trabajadora chihuahuense. Hay miles de empleadas, empleados, obreros, obreras, que pasan las de Caín para que se les indemnice al menos con los tres meses de sueldo al ser despedidos de un empleo. O con los cientos de personas empleadas del gobierno del estado puestas en la calle al principio de cada sexenio o contratadas bajo el régimen de “honorarios” que si interponen alguna demanda laborar corren el riesgo de engrosar la ilegal pero real lista negra de los que se boletinan para no regresar jamás a la administración pública.
Las razones de estas conductas corruptas, injustas y discriminatorias son tres: la primera, la protección mutua de un grupo político unido sólo por los intereses de dinero y de poder. 2. El pago de favores mutuos y a los grandes intereses a los que sirven. 3. El pánico de que ésta va a ser la última legislatura donde tengan mayoría.
