Hay decisiones que marcan administraciones completas y que comprometen generaciones. La aprobación de nueva deuda para el estado de Chihuahua abarca ambas, no por el monto, sino por la forma, el contexto y la ausencia total de justificación técnica real.

El riesgo se agrava cuando la trayectoria de quien encabeza el Ejecutivo, Maru Campos, está marcada por señalamientos de corrupción y malos manejos de recursos públicos. Antecedentes que no pueden ni deben ignorarse cuando se habla de endeudamiento.

Autorizar deuda a un gobierno sin proyectos claros y con historial cuestionado es hipotecar el futuro del estado, significa menos recursos y presupuestos amarrados, márgenes de maniobra reducidos y una presión financiera que recaerá, como siempre, en la ciudadanía.

Quienes votaron a favor no podrán escudarse mañana en la ignorancia ni en la disciplina partidista. Tenían la obligación constitucional de cuestionar, condicionar o rechazar una solicitud mal planteada. No lo hicieron.

La ausencia no es neutral. Facilita decisiones cuestionables, debilita los contrapesos y deja sin voz a miles de ciudadanos que esperaban una postura firme. Al no estar, tomaron partido del lado equivocado.

Chihuahua enfrenta hoy nueva deuda y la confirmación de que se siguen tomando decisiones financieras sin planeación, sin transparencia y sin responsabilidad política, avaladas por una mayoría legislativa que prefirió aprobar sin cuestionar.