El arresto no cierra la herida, pero devuelve la esperanza. Representa un primer paso para reconstruir la credibilidad pública y para reivindicar la demanda legítima de miles de ciudadanos que nunca dejaron de exigir verdad, justicia y dignidad para su estado.
El arresto del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez por parte de autoridades federales representa un parteaguas para Chihuahua y para el país. Su detención no sólo reaviva la exigencia de justicia frente a uno de los casos de corrupción más graves en la historia reciente del estado, sino que también exhibe, con crudeza, el contraste entre la actuación responsable del ámbito federal y el cerco de impunidad que durante años se construyó desde el propio gobierno estatal.
Durante la administración de la gobernadora María Eugenia Galván, Duarte gozó de una protección política y judicial que le permitió enfrentar en libertad los procesos en su contra. Esa condición no fue fruto de la casualidad: fue producto de un entramado institucional integrado por magistrados, jueces y funcionarios designados por el propio Duarte durante su mandato, quienes terminaron cumpliendo el mismo papel para el que fueron colocados: garantizar su intocabilidad.
La reciente detención ejerce ahora una presión directa y contundente sobre las autoridades locales, particularmente sobre la gobernadora María Eugenia Campos Galván y sobre los integrantes del poder judicial del estado. El mensaje que envía el ámbito federal obliga a ambos poderes a responder ante la opinión pública, a transparentar sus decisiones previas y a demostrar que no continuarán solapando prácticas que favorecieron la impunidad. Este giro coloca a las instancias locales bajo un escrutinio sin precedentes y limita los márgenes para maniobrar políticamente en favor del exmandatario.
Esa permisividad prolongada tuvo un costo alto para Chihuahua. Mientras el exgobernador desfilaba libremente, exhibía lujos y enviaba mensajes de burla a la ciudadanía, miles de chihuahuenses veían frustradas sus aspiraciones de justicia. La sensación de agravio creció al observar cómo el sistema local parecía más dispuesto a proteger al acusado que a responder a las víctimas de la corrupción que desvió recursos públicos destinados al desarrollo social, educativo y productivo del estado.
La intervención de las autoridades federales puso fin a esa etapa de impunidad simulada. Con su arresto, se envió una señal clara: ningún poder local puede estar por encima de la ley ni bloquear indefinidamente la rendición de cuentas. El mensaje es especialmente relevante en un estado donde la memoria colectiva aún reciente los abusos del pasado y donde la confianza en las instituciones ha sido erosionada por decisiones que privilegiaron intereses personales y pactos políticos.
El caso Duarte demuestra que la justicia, aunque tarde, puede abrirse paso cuando existen instituciones dispuestas a actuar con independencia. También recuerda la urgencia de construir un sistema judicial verdaderamente autónomo en Chihuahua, libre de cuotas, nombramientos a modo y presiones del poder.
