¿Quién le tiene miedo a la revocación de mandato? El PAN afirma que no teme someterse al juicio ciudadano y, en voz del senador Ricardo Anaya, retó a Morena a poner a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la boleta de 2027, convencido de que perdería y diciendo que si eso ocurre “que se aguanten”. Según el panista, quienes tenemos miedo somos los morenistas, porque estamos en “caída libre” y tememos el veredicto de las urnas.

Pero en Chihuahua los hechos cuentan otra historia. La mayoría panista en el Congreso local, acompañada por legisladores del PRI, Movimiento Ciudadano e incluso del Partido Verde y del PT, aprobó reformas a la Ley de Participación Ciudadana que endurecieron los requisitos para solicitar la revocación de mandato de la gobernadora María Eugenia Campos. Duplicaron el número de firmas necesarias para llamar a un proceso de revocación, elevaron los porcentajes de votación para evitar que el resultado sea vinculante y agregaron candados geográficos que dificultan que la ciudadanía pueda activar ese mecanismo.

En el ámbito federal, Morena ha defendido la revocación de mandato como una herramienta central de la Cuarta Transformación. Legisladores morenistas en la Cámara de Diputados y en el Senado han insistido en que el pueblo debe tener el derecho de ratificar o retirar la confianza a sus gobernantes a la mitad del periodo. Para nosotros, la consigna es clara: no hay que tenerle temor al pueblo; quien hace bien las cosas no tendría por qué temer a una consulta. Queda claro de qué lado se manifiesta el miedo.

Mientras en Chihuahua se levantaron barreras, en el Congreso de la Unión Morena ha planteado empatar la siguiente revocación presidencial con la elección intermedia de 2027, argumentando ahorro de recursos y mayor participación ciudadana. La oposición acusa ahí un uso tramposo del mecanismo, pero el contraste es evidente: a nivel nacional se discute cuándo y cómo someter al gobierno a las urnas; en el estado de Chihuahua los prianistas ponen candados a la participación ciudadana.

Esa diferencia de enfoques deja al descubierto la pregunta inicial: si, como dice Anaya, la oposición no le teme a la revocación de mandato, ¿por qué en Chihuahua se levantó un muro legal alrededor de la gobernadora? Más que un debate jurídico, lo que está en juego es el modelo de relación entre ciudadanía y poder. La revocación de mandato puede ser un instrumento vivo de control democrático o una promesa vacía en el papel. Y la forma en que cada fuerza política la regula revela, mejor que cualquier discurso, cuánta confianza tienen unos y otros en el apoyo de la gente.