El México en el que nos estamos convirtiendo, dista mucho de ir en concordancia con los Tratados Internacionales en defensa de los derechos humanos, vinculantes para nuestro país en virtud de que los ha suscrito.
En el 2011, mediante una reforma, se cambió el término de “garantías individuales” por el de Derechos Humanos en la Carta Magna, para estar acorde con los referidos Tratados, que en materia de Derechos Humanos se equiparan a la ley suprema. La relevancia por la defensa y promoción de los Derechos Humanos a nivel internacional cobró mayor fuerza a raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, para que la humanidad no volviera a padecer los horrores y la violación a los Derechos Humanos de la Alemania Nazi, y se supone que de ningún otro dictador, y para la protección de los derechos de todos los seres humanos.
Si nos horrorizan los campos de exterminio Nazis, mayor es la razón para indignarnos, para recobrar la capacidad de asombro y de indignación ante el descubrimiento de campos de reclutamiento y extermino que se están revelando en el territorio nacional, como el rancho ubicado en Teuchitlán, donde fueron encontrados cientos de pares de zapatos, mochilas, ropa de personas jóvenes en su mayoría, muchos de ellos reportados como desaparecidos, que de acuerdo a testimonios de gente que pudo escapar del mismo, las víctimas fueron sometidas a terribles actos de tortura y después ejecutados. Y aunque lo anterior ha causado indignación nacional, no es suficiente, no debemos normalizar éstas barbaries, ni quedarnos solo con el decir “pobrecitos”, porque todos los mexicanos tenemos el deber y el compromiso con las víctimas, de exigir a las autoridades el esclarecimiento real de lo que sucedió, y la aplicación de la ley a los responsables incluyendo a las autoridades que por omisión y/o contubernio permitieron tales brutalidades.
¿En que México nos estamos convirtiendo, cuándo no reaccionamos a situaciones como la de Teuchitlán? Donde la realidad superó a la ficción por la brutal ferocidad que se ejerció en víctimas inocentes, muchas de ellas llevadas al “rancho de los exterminios y las ejecuciones” con engaños de que habían conseguido un trabajo lícito.
Son lamentables las declaraciones de funcionarios como el caso de Fernández Noroña Presidente del Senado, para desgracia nuestra, al poner en duda que los cientos de pares de zapatos encontrados en el rancho, fueran de personas desaparecidas, siendo que ya se han identificado a varias personas por prendas encontradas en el maléfico lugar.
De acuerdo a los datos más recientes de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, en el país hay más de 124 mil personas desaparecidas y no localizadas, desde que se tiene registro, y solo en el sexenio de AMLO se han registrado la mitad. Aunque el gobierno de la llamada 4 T, no lo reconoce, han sido las Organizaciones de la Sociedad Civil nacionales e internacionales y organismos extranjeros como Naciones Unidas, las que atribuyen que las desapariciones forzadas son perpetradas por el crimen organizado con la participación de agentes policiacos.
Es de suponer que la búsqueda y localización de personas desaparecidas es obligación de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas de la Secretaría de Gobernación, pero debe reconocerse que el verdadero trabajo de localización y búsqueda se debe a las Organizaciones de la Sociedad Civil, en especial a las madres buscadoras de sus hijos e hijas, quienes con sus propios recursos fatigas, trabajo y sufrimiento, no descansan para lograr su propósito. Vaya un reconocimiento a las mismas, que están haciendo en forma gratuita, el trabajo que les corresponde a las autoridades.
