Ahí debió terminar. Un gobierno que respeta la democracia habría tomado esa señal para negociar. Este hizo lo contrario: seis días después presentó el Plan B, los mismos objetivos por diferente camino. Si no pudo cambiar la Constitución, cambiaría las leyes que la rodean. A eso le llaman reforma. Nosotros le llamamos lo que es: una revancha. La prueba: al 23 de marzo Morena aún necesita 6 votos del PT. Una reforma que no convence ni a sus aliados no nació para mejorar nada.

Para venderla eligieron la austeridad, diciendo que los regidores cuestan demasiado. Suena razonable, pero los números cuentan otra historia: solo 56 municipios tendrían que reducirlos, mientras 1,089 tendrían que aumentarlos — gastaría más, no menos. El dinero a los partidos, más de 7,600 millones al año, no se toca. Y obliga al INE a recortar 638 millones anuales, debilitando al árbitro antes de la elección más compleja en décadas. Los magistrados del Tribunal quedaron fuera de los topes — por eso aplaudieron. Al INE lo citaron solo para escucharlo.

Pero todo eso es ruido. El verdadero fondo del Plan B es la revocación de mandato. La mueve a 2027 — el mismo día de las elecciones federales — y le permite a la presidenta hacer campaña por su continuidad sin renunciar al cargo, con recursos del gobierno. José Woldenberg, expresidente del IFE, lo dijo claro: es propaganda institucionalizada. Los ciudadanos ese día enfrentarían hasta siete boletas. En 2022 la revocación convocó al 17.7% del padrón y no fue vinculante. En 2027 convertiría la jornada en un anuncio de gobierno.

La trinchera que queda es la política, y en ella estaremos. El gobierno blindó esta reforma de impugnaciones judiciales porque sabía que no resistiría el escrutinio legal. Mientras tanto, México tiene 102 políticos asesinados en 2021, 36 de ellos candidatos, y el crimen decide elecciones en regiones enteras. Nada de eso aparece en el Plan B. Porque este gobierno no está reformando la democracia: está reformando las reglas para no soltarla.