Los trenes pueden volver a ponerse sobre las vías. La pregunta es si el país podrá hacer lo mismo mientras quienes gobiernan se niegan a investigar a los suyos y prefieren descarrilar la verdad antes que enfrentarla.
El descarrilamiento del Tren Interoceánico no es un accidente aislado. Es, más bien, una metáfora perfecta del sexenio que prometió transformar al país y terminó “repitiendo y perfeccionando” los vicios que juró combatir. Cuando un tren se sale de las vías, hay causas técnicas; cuando dos proyectos emblemáticos colapsan, como ocurrió antes con el Tren Maya, ya no estamos frente a errores: estamos frente a un patrón de incapacidad, corrupción e ineptitud.
El discurso oficial insiste en minimizar los hechos, reducirlos a “incidentes”, pero la realidad es evidente, tan evidente que hasta un ciego la puede ver. El Tren Maya ya había encendido todas las alarmas: sobrecostos, prisas electorales, tramos mal diseñados y una cadena de decisiones tomadas por consigna política no por criterio técnico. Hoy, el Tren Interoceánico sigue el mismo camino: obras aceleradas, supervisiones de membrete y una opacidad que solo beneficia a unos cuantos.
A este escenario se suman los audios divulgados por Latinus, donde Amílcar Olán y su hermano Luis Alberto conversan con una naturalidad insultante sobre cómo se asignaron proyectos relacionados con estas obras. No hablan de concursos, ni de evaluaciones técnicas, ni de transparencia o capacidades. Hablan de influencias, de cercanías con el poder y de decisiones tomadas desde la comodidad de la confianza política. Es la radiografía de la 4T empresarial: amigos, compadres y leales primero; el país después.
Frente a este contexto, las declaraciones de Claudia Sheinbaum resultan no solo decepcionantes, sino profundamente reveladoras. Decir que no se investigará al hijo del expresidente, quien fungía como “supervisor honorario” de la obra, equivale a institucionalizar la impunidad. El adjetivo “honorario” no borra responsabilidades, ni técnicas ni políticas. Supervisar, aunque sea sin sueldo, implica poder, influencia y conocimiento de lo que ahí ocurrió.
Más grave aún es el viraje discursivo posterior, cuando Sheinbaum afirma que será Ernestina Godoy quien abra una investigación. Un anuncio que suena más a control de daños que a compromiso real con la justicia. Godoy no es una figura autónoma frente al poder político; es parte del mismo engranaje. Hablar de investigación en estos términos es, simple y llanamente, atole con el dedo.
El problema de fondo no es solo un tren que se descarrila, sino un modelo de gobierno que perdió el rumbo, el poder y el control. Un modelo donde la lealtad pesa más que la capacidad, donde la cercanía sustituye a la legalidad y donde las tragedias se explican con comunicados, no con responsabilidades.
