En un mundo donde la libertad religiosa es un derecho fundamental, no se puede permitir que la fe de una comunidad sea atacada o criminalizada por el simple hecho de creer diferente.
Las acusaciones contra la Iglesia La Luz del Mundo no surgen por daños reales causados por la Iglesia o su líder en perjuicio de quienes las presentan. Según Alan Jackson, abogado del Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, se trata de “una campaña imprudente de extralimitación gubernamental”, alimentada por testimonios de ex miembros descontentos. Muchos de ellos, señala, actúan movidos por venganzas personales o por el interés de obtener beneficios económicos mediante demandas civiles.
De acuerdo con el comunicado emitido por Jackson, “el gobierno se ha dejado usar como peón de este esquema”, dando a entender que las estructuras de poder se están prestando al uso del odio con disfraz de justicia, en lugar de actuar como un pilar de la justicia verdadera.
Una actuación de esta naturaleza, por parte de cualquier gobierno, conlleva consecuencias profundas y peligrosas; entre ellas, la pérdida de credibilidad en el sistema de justicia, un pilar fundamental del Estado de Derecho que debería ser celosamente resguardado por las instituciones responsables de su impartición en el vecino país del norte.
Cuando las decisiones parecen estar motivadas más por “intereses ocultos” que por principios jurídicos, se desvirtúa el sentido de justicia y se debilita la credibilidad ciudadana en las instituciones encargadas de garantizarla. De esta manera se abre paso al abuso de poder, al afán de destruir reputaciones y al uso de la ley como instrumento de persecución, más que de justicia.
Alan Jackson negó categóricamente los cargos presentados en contra de esta “comunidad de fe global y próspera, dedicada al servicio, la caridad y la devoción”, y rechazó, además, “el grotesco retrato pintado por el gobierno y sus aliados”. Del mismo modo, aseguró que la defensa a su cargo demostrará que los señalamientos “no son más que acusaciones desesperadas, infundadas y motivadas por intereses ocultos”.
En un contexto donde la verdad debe prevalecer por encima de los prejuicios, la intolerancia religiosa y la presión mediática ejercida sobre la Iglesia en los últimos seis años, la exigencia de una justicia imparcial no solo representa un derecho fundamental, sino también una obligación ética del Estado. Solo mediante un actuar libre de intereses políticos y ajeno a narrativas preconcebidas, es posible preservar la legitimidad de las instituciones y garantizar que la justicia no se convierta en un instrumento de persecución.
