El calor extremo y la crisis del agua
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Guadalajara, 28 de febrero de 2026
En medio de una crisis hídrica que afecta a Jalisco, con temperaturas extremas y un desperdicio cercano al 50% del agua potable según especialistas, resulta contradictorio y cuestionable que el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado busque un aumento del 12.5% en las tarifas. Este incremento es el más alto en años recientes, superando el registrado entre 2023 y 2024, y se pretende aplicar pese a que la infraestructura hidráulica sigue siendo deficiente y el servicio irregular.
Las autoridades del SIAPA y del gobierno estatal justifican el aumento argumentando que el costo real de producción del agua supera lo que se cobra actualmente y que los recursos adicionales servirán para modernizar tuberías, reparar fugas y fortalecer el servicio ante la sequía y el crecimiento poblacional. Sin embargo, esta explicación choca con la realidad que denuncian tanto personas expertas como usuarias: casi la mitad del agua se pierde por fugas y mala gestión, lo que evidencia una ineficiencia grave que deja el sexenio pasado.
Mientras personas usuarias enfrentan megacortes y tandeos que afectan a miles de habitantes en el área metropolitana, y la calidad del servicio sigue siendo motivo de quejas y protestas, el debate político también ha sido intenso. Aunque el Comité Tarifario del SIAPA aprobó el incremento, varios ayuntamientos metropolitanos no lo respaldaron y pidieron que sea el Congreso de Jalisco quien vote el aumento. Diputaciones de distintos partidos han rechazado el alza, denunciando cobros excesivos y la falta de transparencia en el uso de los recursos. Además, se ha criticado que la aprobación se haga fuera de tiempo y sin la participación adecuada de los cabildos municipales.
En este contexto, las obras y políticas hidráulicas del anterior gobernador han sido cuestionadas por no resolver dichos problemas. El aumento tarifario parece más un castigo a las y los usuarios que una solución real a los problemas estructurales. Jalisco enfrenta un escenario donde el cambio climático y el calor extremo exigen una gestión eficiente y justa del agua. Subir tarifas sin garantizar un servicio digno y sin atacar las causas del desperdicio es una medida insuficiente y poco ética. La población merece respuestas claras, inversiones transparentes y políticas que prioricen el acceso al agua como un derecho básico, no como una carga económica creciente.
