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El pasado domingo 1 de junio de 2025 marcó un hito en la historia de México: por primera vez, la ciudadanía eligió directamente a las personas juezas, magistradas y ministras del Poder Judicial, esto representa un avance sin precedentes hacia la democratización de una de las instituciones tradicionalmente más cerradas y opacas del Estado mexicano.
Este proceso, inédito a nivel mundial por su escala y alcance, representó una gran apuesta por abrir los espacios de justicia al escrutinio y la participación popular. Sin embargo, la jornada también dejó al descubierto áreas de oportunidad fundamentales, especialmente en materia de pedagogía cívica y claridad en el diseño de la boleta electoral.
Casi 2,700 cargos judiciales estaban en juego y más de 300,000 personas se postularon y el Instituto Nacional Electoral organizó la jornada bajo la vigilancia de observadoras y obervadores electorales. Sin embargo, la participación ciudadana apenas alcanzó entre el 12% y el 13%, según los primeros informes. Esta cifra, aunque suficiente para validar el proceso, revela la distancia entre la magnitud de la reforma y el involucramiento efectivo de la sociedad.
Sin duda, uno de los principales retos fue la complejidad de la boleta electoral. El formato obligaba a elegir entre cientos de nombres, en algunos casos con poca o nula información sobre la trayectoria y propuestas de los candidatos. Además, la posibilidad de seleccionar múltiples candidaturas en una misma boleta, según el cargo y el género, añadió una capa de dificultad extra para la ciudadanía.
Uno de los grandes aprendizajes de esta jornada es que la democracia judicial requiere no solo de mecanismos de participación, sino de una ciudadanía informada. Los grandes retos son la necesaria simplificación y claridad de la boleta. De igual manera, la legitimidad del proceso depende de que la ciudadanía perciba a los aspirantes como idóneos y comprometidos con la justicia.
El bajo nivel de participación no me parece que invalide el proceso, al contrario, subraya la urgencia de una pedagogía robusta. Si se asumen estos retos como áreas de oportunidad, se puede sentar un precedente sobre cómo abrir el Poder Judicial a la ciudadanía sin sacrificar la calidad ni la independencia de la justicia.
La lección es clara: la democracia no se agota en el voto, sino que se construye día a día con información, debate y participación consciente. El reto ahora es transformar la complejidad del proceso en una oportunidad para educar, involucrar y fortalecer la cultura democrática del país.