Las cifras son contundentes y vergonzosas: 100% de impunidad en feminicidios. Y el porcentaje ronda la misma cifra para otros delitos, como los de índole sexual o la violencia familiar. Estos números no son solo estadísticas; son el reflejo de un sistema de justicia colapsado y de un andamiaje institucional que han fallado sistemáticamente a las mujeres jaliscienses. La realidad detrás de los números es desgarradora porque representa las miles de mujeres que han buscado justicia y no la han encontrado.
El lunes fue la presentación de la iniciativa “Vivir Seguras”, una apuesta colectiva para crear una Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por Razón de Género en la que distintas colectivas, académicas y diputaciones de diversos partidos nos comprometimos a trabajar para co-crear esta fiscalía, para volverla plural y real.
La impunidad no es un problema abstracto. Es el mecanismo que perpetúa la violencia, que les dice a los agresores que pueden actuar sin consecuencias. Es el mensaje tácito de que la vida de las mujeres vale menos que el papeleo necesario para hacer justicia. Es, en última instancia, una forma de violencia institucional que el Estado ejerce por omisión.
El reto ahora es convertir esta iniciativa en acción concreta. La Fiscalía Especializada, es el primer paso hacia la rectificación de años de negligencia, un viraje hacia la verdadera justicia. Proponemos que la fiscalía especializada cuente con personal capacitado con perspectiva de género y protocolos de atención que eviten la revictimización, así como que sea liderada por una mujer con trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, elegida mediante un proceso público y transparente. Esta propuesta busca romper con las prácticas tradicionales que han perpetuado la impunidad y la falta de sensibilidad en el trato a las víctimas.
Con esto ponemos de nuevo sobre la mesa la urgencia de abordar la violencia de género desde el ámbito legislativo e institucional en Jalisco. Representa también una oportunidad para que el Estado dé un paso significativo en la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos de las mujeres, pues combatir la impunidad en delitos de género no es solo una cuestión de justicia, sino de dignidad humana y de construcción de una sociedad verdaderamente equitativa.