Jalisco atraviesa una crisis profunda, incluida la violencia feminicida, marcada no solo por la brutalidad de los crímenes, sino también por la impunidad y el silenciamiento sistemático que los rodea. Los asesinatos de mujeres en el estado no son hechos aislados; son parte de una realidad estructural que se sostiene en la indiferencia, la falta de justicia y, sobre todo, en el intento constante de callar las voces que exigen verdad.
En los últimos meses, feminicidios como el de Valeria Márquez, una joven influencer asesinada en Zapopan, y el de María del Carmen Morales, madre buscadora ejecutada junto a su hijo en Tlajomulco, han estremecido a la opinión pública. Sin embargo, tras la indignación inicial, la cobertura mediática se diluye, las autoridades ofrecen respuestas vagas y las investigaciones se estancan. La mayoría de estos crímenes ni siquiera son tipificados correctamente como feminicidio, lo que dificulta aún más el acceso a la justicia.
Además, existe una tendencia preocupante a responsabilizar a las propias víctimas o a sus familias, desviando la atención del verdadero problema: la violencia de género y la impunidad. El silencio no solo es ausencia de palabras, es también la negación de recursos, de protección y de justicia.
Recordemos que la impunidad alimenta el silencio. Cuando cientos de feminicidios quedan sin sentencia y las investigaciones se archivan sin resultados, se envía un mensaje de desamparo a todas las mujeres. ¿Para qué denunciar si no habrá justicia? ¿Para qué exigir si nadie escucha? Esta lógica perpetúa el ciclo de violencia y silencio, dejando a las víctimas y sus familias aisladas y vulnerables.
La violencia machista en Jalisco es una herida abierta, agravada por la impunidad y el silenciamiento institucional y social. Mientras las autoridades sigan minimizando el problema, el ciclo de violencia continuará. Por eso la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres en Razón de Género en Jalisco es una necesidad urgente. Esta fiscalía debe contar con un andamiaje institucional sólido: personal capacitado con perspectiva de género, autonomía en su operación, presupuesto suficiente y mecanismos de coordinación con otras instituciones y colectivos para garantizar investigaciones diligentes y protección efectiva a las víctimas. La fiscalía debe ser dirigida mediante un proceso transparente y con participación ciudadana, para asegurar que responda a las necesidades de las mujeres y contribuya a cambiar la cultura de impunidad. Sin este fortalecimiento institucional, Jalisco seguirá siendo un estado donde el feminicidio y la violencia de género quedan sin sanción, y donde el silencio institucional contribuye a la tragedia.