Hablar del derecho a la ciudad es hablar del derecho a vivir con dignidad, en paz, con acceso a servicios públicos, movilidad adecuada y espacios compartidos que promuevan la convivencia. Es, en esencia, el derecho a habitar y apropiarse del espacio urbano de forma segura, justa y equitativa.
Este concepto no es nuevo, pero hoy más que nunca cobra relevancia. Vivimos en un entorno cada vez más complejo y demandante. Las ciudades crecen, cambian, se transforman… pero muchas veces dejan atrás a quienes más las necesitan: niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, o quienes simplemente no pueden pagar por los servicios más básicos para habitarla con dignidad.
Por eso, el derecho a la ciudad implica pensar en la ciudad como un espacio de inclusión y pertenencia. Implica garantizar el derecho a la vivienda adecuada, con acceso a los servicios esenciales, con entornos seguros y bien conectados. Una vivienda sin servicios o aislada de la ciudad no cumple con su función social. De ahí la importancia de políticas públicas que atiendan la vivienda deshabitada, el alquiler seguro y la vivienda accesible para todas las personas.
Pero no todo es vivienda. El derecho a la ciudad también se construye desde el espacio público. Las plazas, los parques, las banquetas, los centros culturales, deportivos y comunitarios son parte de ese entramado que permite que las personas se encuentren, dialoguen y construyan comunidad. Una ciudad sin espacios públicos es una ciudad fragmentada, individualista y violenta. Por eso, en Jalisco hemos apostado por proyectos que regeneren el tejido social desde lo local, como las Colmenas, las Bases de Paz y la recuperación de espacios abandonados.
También está el tema de la movilidad y la conectividad. Una ciudad justa es aquella que garantiza el derecho a moverse libremente, sin importar la edad, condición económica o física de las personas. Si una niña o un adulto mayor no pueden cruzar la calle con seguridad o llegar a un parque sin riesgo, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Si una madre con una carriola o una persona en silla de ruedas no pueden transitar la ciudad de forma autónoma, es señal de que todavía falta mucho por hacer.
El derecho a la ciudad es también el derecho a los servicios públicos de calidad: agua potable, recolección de basura, alumbrado, seguridad, salud y educación. Servicios que deben funcionar y estar disponibles para todas y todos, sin importar el código postal o la colonia en la que se viva.
Desde Movimiento Ciudadano, hemos impulsado buenos gobiernos que entienden esto y que lo han puesto en práctica. Gobiernos que han recuperado espacios, invertido en movilidad, mejorado servicios y generado políticas urbanas con visión social. En municipios como Zapopan, Guadalajara o Tlajomulco, se han impulsado estrategias de gobernanza urbana que ponen al ciudadano en el centro, escuchan sus necesidades y construyen soluciones desde el territorio.
Hoy más que nunca, debemos reforzar esta visión. El derecho a la ciudad no es un discurso, es una agenda concreta que debe traducirse en presupuestos, reglamentos, diseños urbanos y decisiones públicas. Porque una ciudad con futuro es aquella que es habitable para todas y todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, desde quien la visita hasta quien la construye todos los días con su trabajo y su vida.
Trabajar por el derecho a la ciudad es trabajar por un Jalisco más justo, más seguro y más humano. Y en ese camino, no daremos un paso atrás.