En medio del grito vino la reforma, ¿después de la reforma que vendrá?
Mientras el pueblo, la masa, se divertía de lo lindo en la verbena, viendo el espectáculo -mucho circo y poco pan- en la plancha del Zócalo en espera de que la pareja presidencial hiciera su aparición en el balcón central de Palacio Nacional, la oficina de la Presidencia estaba enviando la enésima reforma de la Ley de Amparo.
Claro que no existe violación legal por hacerlo en medio de las fiestas patrias, aunque quizá se quiso aprovechar para que los gritos de protesta que fuera a ocasionar la iniciativa, se apagarían con los gritos de ¡Viva México! y la retahíla de vítores a los héroes que nos dieron patria y libertad entre los que destacaron el de la que estrenó nuevo nombre, la señora María Josefa Crescencia Ortiz Téllez-Girón, ex Josefa Ortiz de Domínguez, las prácticamente desconocidas María Manuela Molina Medina, y la señora Doña Gertrudis Bocanegra, una más de las mujeres que han encontrado las ayudantes de Claudia hurgando en las páginas de la historia patria y que intervinieron en la lucha insurgente, para que su jefa de luzca con el “humanismo feminista” exaltando cada vez más a la mujer, lo que nada tiene de malo por otra parte, sin embargo el mensaje político va más allá y de eso nos ocuparemos después.
La reforma que se propone, si bien es cierto que idealmente buscaría controlar financieramente al crimen organizado, también arremete contra todos los ciudadanos en general y los empresarios en particular que enfrentarán serias dificultades para combatir legalmente los excesos de autoridad, porque las suspensiones de los actos reclamados en los amparos en esta materia serán prácticamente anuladas.
Si bien es cierto que también la iniciativa busca una reducción en los plazos en materia de otorgamiento de garantías para los beneficios suspensionales, la preferencia por el trámite en línea del juicio de amparo y en lo general mejorar la dinámica del trámite, en realidad considero que implica un retroceso técnico y peligrosamente reduce la posibilidad de una defensa fiscal empresarial cuando hay violaciones a las leyes del procedimiento o se vulneran los derechos del debido proceso.
Las reformas que se hacen a las leyes, obviamente deben tender a mejorarlas según la sinergia que debe tener el derecho con la problemática social, pero a lo largo de los años, las reformas, principalmente las constitucionales y especialmente las de la ley de amparo no han sido realmente afortunadas puesto que han modificado las estructuras tradicionales, complicando el procedimiento y dejando a los jueces tareas meramente subjetivas y criteriológicas que pudieran ser significativas en una apreciación equivocada de la norma como lo es por ejemplo la apariencia del buen derecho, introducida en el capítulo de las suspensiones por la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
Lo cierto es que al paso de los años, se ha modificado tanto la constitución federal y la ley de amparo, que el concepto concebido por Vallarta, Otero y Rejón, ha sido cambiado en algunos puntos sustancialmente y no siempre para bien de los ciudadanos que deberíamos tener en el amparo un derecho fundamental de protección constitucional a través de la justicia federal cuando las autoridades en el ejercicio de sus funciones vulneren o restrinjan las garantías individuales.
Ya veremos que sucede con esta iniciativa de reforma que no parece tener mucha aceptación entre los litigantes por los riesgos que conlleva a dejar sin defensa a ciudadanos en general aunque se pretexte ser una herramienta del estado para el combate al crimen organizado.
Espero no llegue de nuevo la voz del Virrey de La Croix, que apagó los gritos de la muchedumbre con aquél célebre “callad bellacos, que vos nacisteis para callar y obedecer” y si esto sucede, ya ni duda cabrá que la frase que se escuchará en el rancho de Palenque y retumbará en los pasillos de Palacio Nacional será “El Estado soy yo”.
