Alfonso Partida Caballero
El Octavo Transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial Federal –publicada en DOF el 15/09/2024–, imponía a los 32 congresos locales un plazo máximo de armonización que feneció el pasado 15 de marzo de 2025.
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Actualmente, Jalisco es una de las tres entidades federativas que han incurrido en una omisión legislativa que además redunda en la flagrante transgresión al artículo 118 de la Constitución Política de Jalisco que señala que “las reformas hechas en la Constitución Federal que afecten a esta Constitución, serán inmediatamente adoptadas por el Congreso y promulgadas sin más trámite”.
Así es como llegamos a un escenario en donde los tiempos para su adecuación se encuentran ajustadísimos, toda vez que tendría que publicarse en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, a más tardar, este 09 de junio, previo al arranque del “Proceso Electoral 2026-2027” que comenzaría el 07 de septiembre de este año.
De cara a su aprobación, conviene destacar que el análisis para la reforma del Poder Judicial del Estado de Jalisco se ha centrado en el método de elección (sobre lo que no existe margen de maniobra). Así es como se ha terminado por omitir el análisis de indicadores de desempeño, con base en estándares y modelos internacionales como el de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) y la ONU, a efectos de dar solución a: i) la inobjetable ineficiencia y deficiencia en su productividad; ii) la insuficiencia de jueces y magistrados en la entidad; y iii) la centralización territorial de la función judicial en el AMG.
De esta manera, con base en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2025 de INEGI, conviene destacar lo siguiente. En cuanto a su estructura y organización, actualmente, Jalisco cuenta con 34 magistraturas que resultan a todas luces insuficientes. En términos demográficos, la Ciudad de México, por ejemplo, con una población similar a la de Jalisco –9.2 y 8.3 millones de habitantes, respectivamente–, dispone de 64 magistraturas. Bajo una perspectiva territorial, el número es igualmente deficitario porque, como se sabe, la función jurisdiccional superior de nuestra entidad se encuentra totalmente centralizada en Guadalajara, sin una red efectiva de Salas Regionales.
Esto contrasta con el modelo del Estado de México que tiene una extensión territorial 72% menor que Jalisco, pero que opera con 54 magistrados distribuidos en cuatro Salas desconcentradas ubicadas en Toluca, Tlalnepantla, Texcoco y Ecatepec, con lo que ‘acerca’ la justicia a todos sus habitantes.
Ahora bien, en cuanto al número de juzgadores estatales la situación es aún más grave. Jalisco cuenta con 295 jueces. Esto se traduce en una tasa de 3.5 jueces por cada 100,000 habitantes. Para dimensionar la magnitud del problema, estándares de la CEPEJ y ONU establecen una cifra mínima 17 jueces por cada 100,000 habitantes, por lo que nuestra entidad tendría que quintuplicar su número. Existe otro indicador que abona a ello. Jalisco registra la “tasa de litigiosidad por cada mil habitantes” más alta del país. Esta tasa se desprende del número de expedientes iniciados en 2024 por cada mil habitantes. En Jalisco la tasa es de 5.83; no obstante, a nivel nacional, se promedia una de 1.77.
Paradójicamente, esta carencia de jueces coexiste con una estructura administrativa inflada y costosa. El Poder Judicial de Jalisco emplea a 3,383 personas, para así ser la quinta plantilla burocrática más grande del país, de acuerdo con INEGI. Pese a esto, ocupa el lugar 26° en el índice de Estado de Derecho 2024 de World Justice Proyect. Más aún, conviene señalar que en todas las ramas jurisdiccionales del Poder Judicial Estatal, ingresaron 139,454 asuntos en 2024, pero sólo fueron ‘determinados’ o ‘concluidos’ 64,628. Esto nos arroja una eficiencia resolutiva del 46%, lo que se encuentra muy por debajo del promedio nacional que es de 64%.
Siendo esto así, la reforma al judicial local requiere un diagnóstico que discuta y ataje el problema de: i) la centralización extrema de la función jurisdiccional local en el AMG; ii) la insuficiente capacidad instalada de magistrados y jueces que impide una mayor ‘eficiencia resolutiva’; iii) los altísimos niveles de impunidad penal como causa estructural de la inseguridad en Jalisco; iv) las enquistadas redes de nepotismo, así como las consabidas contrataciones devenidas de cuotas, cuates y caciques en la judicatura estatal; v) la corrupción cotidiana que permea desde actuarios hasta secretarios de juzgados y magistraturas para “agilizar” los procesos; vi) la falta de transparencia del más opaco Poder de la entidad; vii) la urgente consolidación de la e-Justice en el Judicial Estatal; y viii) la digitalización del archivo del Poder Judicial del Estado de Jalisco.
