A partir del 1 de abril, surte efectos el tarifazo al transporte público en Jalisco.
Y es así como se erosiona la confianza pública, se debilita la legitimidad de las políticas y se profundiza el desencanto social.
Karla Díaz
Regidora de Zapopan
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La personas usuarias pagarán 11 pesos y los 3 pesos restantes serán financiados por la ciudadanía, pues se tomarán de los impuestos que pagan las y los jalisciense.
En el discurso se trata de un “ajuste que busca equilibrar las finanzas del sistema sin golpear directamente el bolsillo de quienes dependen del transporte”. La realidad, el dinero público se utiliza para financiar negocios privados. Esta medida reabre una discusión de fondo que sigue sin resolverse: ¿puede justificarse un incremento cuando la calidad del servicio continúa siendo profundamente deficiente?
El argumento oficial apunta al aumento en los costos reales de operación: combustible, mantenimiento, renovación de unidades y salarios. Es cierto que estos factores presionan a los concesionarios, pero reducir el debate únicamente a números desplaza el foco del problema. El subsidio no corrige la raíz del deterioro: solo redistribuye el costo, lo aplaza y lo hereda a la siguiente administración, como ha ocurrido durante tres décadas.
El punto crítico es la calidad. En la Zona Metropolitana de Guadalajara los problemas del transporte público son conocidos y persistentes: unidades en mal estado, tiempos de espera prolongados, rutas poco eficientes, saturación en horas pico y condiciones de inseguridad, especialmente para mujeres y personas cuidadoras. Para la mayoría de las personas usuarias, el servicio está lejos de ser digno, confiable y eficiente. Una realidad que contrasta con las mediciones institucionales, que no reflejan la experiencia cotidiana de quienes dependen del sistema.
La paradoja es evidente: se reconoce un costo técnico moderno, pero se ofrece un servicio que no cumple con los estándares mínimos de una ciudad metropolitana. En otras palabras, se paga por un sistema que no vale lo que cuesta y que no logra consolidarse como una alternativa eficiente de movilidad urbana.
El subsidio, lejos de resolver esta contradicción, puede profundizarla si no se acompaña de mecanismos estrictos de evaluación y mejora. Se socializan las pérdidas sin asegurar mejoras tangibles en el servicio. Además, surge otra preocupación: la sostenibilidad fiscal. En un contexto de recursos públicos limitados, destinar fondos recurrentes para cubrir la tarifa técnica implica dejar de invertir en áreas igualmente urgentes como salud, educación o infraestructura. ¿Es este el uso más eficiente del gasto público?
El transporte público no es un servicio cualquiera: es un derecho que articula el acceso al empleo, la educación y la vida urbana. Cuando su calidad es baja, se profundizan desigualdades. Quienes no pueden costear alternativas privadas quedan atrapados en sistemas ineficientes, invirtiendo más tiempo y energía en desplazarse.
La discusión sobre el “tarifazo” obliga a mirar qué tipo de sistema se está financiando. Un aumento solo es socialmente legítimo cuando se traduce en mejoras visibles: unidades modernas, frecuencias confiables, rutas bien diseñadas, accesibilidad universal y condiciones de seguridad adecuadas.
El reto era claro para el gobierno del estado, antes de aprobar un tarifazo, debió mejorar la calidad del servicio, transparentar el origen del recurso para el subsidio, publicar indicadores de desempeño independientes y avanzar hacia una transformación estructural del modelo de transporte.
Este tarifazo no debió aplicarse, pues se está cobrando por un servicio que no existe. Se obliga a la ciudadanía financiar un sistema que sigue sin cumplir, sin garantías de mejora, si métricas públicas y sin un modelo que asegure que cada peso invertido se traduzca en calidad. Subir la tarifa sin elevar primero el estándar del servicio no es política pública: es trasladar el costo del fracaso a quienes menos margen tienen para absorberlo. Es olvidar que el transporte público es un derecho que el estado debe garantizar, no un negocio privado financiado con el recurso público.
