Existen cuatro principales modificaciones a esta Ley:
1.    La cooperación institucional nacional e internacional.
2.    El fortalecimiento de sanciones.
3.    Redefinición y ampliación de conceptos claves.
4.    Ampliación de catálogo de actividades vulnerables y modificación de umbrales.

En el punto 2, se endurecen las sanciones administrativas y penales, incluyendo la revocación de permisos y la penalización a presta nombres o cómplices en operaciones de dudosa procedencia y se habilita a la Unidad de Inteligencia Financiera a participar en estas indagaciones.

En el punto 3, se definen conceptos para la identificación y el control del Beneficiario Controlador, como beneficiario final y propietario real de empresas o grupos de ellas, se establecen nuevas obligaciones en las sociedad mercantiles en México, para la identificación y registro de su Beneficiario Controlador, conservar la información y presentar un aviso en el sistema electrónico en la Secretaria de Economía, cuando se realice la transmisión de propiedades o constitución de derechos sobre acciones o partes sociales.

Se incluyen facultades de las autoridades estatales, para que las sociedad y asociaciones de carácter civil identifiquen a su Beneficiario Controlador, de acuerdo a las reglas que se estipulan en dicha Ley, incluyendo un nuevo concepto de Personas Políticamente Expuestas (PEP), y se incorpora la definición de Desarrollo Inmobiliario, para abarcar proyectos de construcción o subdivisión de lotes, para la venta o renta. También, se ratifica el uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como la referencia oficial para determinar los umbrales o limites monetarios, que se señalan en esta Ley.

Las dos nuevas actividades vulnerables se incluyen a los Desarrollos Inmobiliarios y a la Activos Virtuales, como son las Criptomonedas, también, se señalan los umbrales que los Notarios y Corredores Públicos, tienen la obligación de presentar avisos por la trasmisión o derechos reales sobre inmuebles, constitución o modificación de fideicomisos, y se agregan también los conceptos con juegos de apuestas, concursos y sorteos y la emisión o comercialización de tarjetas prepagadas con valor monetario.

Se estable la obligación a quienes realicen operaciones vulnerables, tener la selección de su personal y programas de capacitación, establecer sistemas automatizados y designar un representante para el cumplimiento, para quienes actúen a través de fideicomisos o otra figura jurídica, así mismo el enfoque basado en el riesgo para que se lleve una evaluación, para poder identificar, analizar y mitigar los riesgos del sujeto obligado y establecer un manual de políticas internas, para el cumplimiento de la Ley Antilavado.

Como se observa, cada vez se cierra el circulo para restringir el uso de efectivo en operaciones vulnerables o riesgosas, implicando a quienes participan en ese tipo de operaciones y con los riesgos y obligaciones que tienen que cumplir, como se comenta en los párrafos anteriores. Aguas!!!...¿Usted qué piensa?