Nos encontramos, estimados lectores, en diciembre de 2025, un punto de inflexión donde el pulso de la política nacional exige una pausa reflexiva. El primer tercio del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum llega a su fin, y el país se mueve en una compleja dinámica que yo he llamado la “geometría variable del poder”: Un sistema donde las alianzas y las tensiones entre los tres órdenes de gobierno y los órganos autónomos se reconfiguran constantemente en función de proyectos y coyunturas específicas.

El año que concluye ha estado marcado por la consolidación de las reformas estructurales de la Cuarta Transformación, ahora bajo el sello y la velocidad impuestos por la nueva administración. A nivel federal, la discusión se ha centrado en dos grandes pilares: la justicia social y la eficiencia del aparato estatal.

Hemos visto el avance en la implementación de la jornada laboral de 40 horas, un compromiso que, si bien enfrenta resistencias sectoriales, avanza en su gradualidad como un pilar de los derechos laborales modernos. Paralelamente, la agenda de la salud ha priorizado la expansión de las Farmacias del Bienestar, buscando un modelo de distribución y acceso a medicamentos que elimine el desabasto histórico.

La figura presidencial mantiene una alta aprobación, sustentada en la percepción de continuidad y el control de la agenda legislativa. La mayoría oficialista en el Congreso ha permitido que las iniciativas clave transiten con celeridad, generando un ambiente de estabilidad política, aunque también de una menor pluralidad efectiva en el debate parlamentario sustantivo.

Los gobernadores, tanto de la coalición gobernante como de la oposición, han levantado la voz por la necesidad de una mayor flexibilidad y un incremento en las participaciones federales, argumentando el alza en los costos de operación y las demandas de seguridad pública.

Centralización vs. Descentralización: Persiste el debate sobre la tendencia centralizadora de los grandes proyectos federales y programas sociales, lo que algunos analistas interpretan como un menoscabo a la autonomía municipal y estatal en la toma de decisiones sobre prioridades locales.

El tema más acuciante sigue siendo la seguridad. A pesar de los esfuerzos y la coordinación con las Fuerzas Armadas, los índices de violencia persisten en regiones clave del país, particularmente en el Bajío y zonas del Pacífico. La estrategia de “abrazos, no balazos” ha evolucionado hacia un modelo que prioriza la inteligencia financiera y la atención a las causas, pero que sigue enfrentando la inercia de la criminalidad organizada.

La consolidación del Poder Judicial y la lucha contra la impunidad es el gran pendiente. La politización del debate sobre la reforma judicial, que busca acercar la justicia al ciudadano, no debe desviar la atención de la urgente necesidad de fortalecer los Ministerios Públicos y mejorar las capacidades de investigación a nivel local. Sin un Estado de Derecho robusto, cualquier política social o de seguridad será, en esencia, incompleta.

Si bien la relación entre el Ejecutivo y estos órganos ha encontrado momentos de distensión, subsiste una tensión de fondo. La función de estos organismos no es la de oponerse al gobierno, sino la de garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos ciudadanos (el derecho a la información o a la competencia económica justa). La vitalidad de la democracia mexicana reside, precisamente, en la capacidad de las instituciones para actuar con autonomía, asegurando que el poder no se concentre indebidamente.

Diciembre de 2025 nos encuentra con un gobierno federal fuerte, con proyectos claros y con una ciudadanía que exige la materialización de las promesas de bienestar. La geometría variable del poder seguirá definiendo la realidad, y el reto para 2026 será traducir la estabilidad política en paz social y prosperidad económica para todos.

La administración federal, con un proyecto definido y un sólido respaldo legislativo, ha cumplido con la tarea de imprimir su sello en las políticas públicas esenciales, particularmente en el ámbito social y laboral. Sin embargo, el desafío de diciembre, y de los años venideros, es superar la retórica y garantizar la eficiencia en la ejecución.

México avanza, pero su brújula para 2026 debe apuntar inequívocamente hacia la gestión de resultados. La legitimidad obtenida en las urnas debe refrendarse día a día con la capacidad de mejorar la vida cotidiana de cada mexicano. La geometría variable del poder requiere de una fórmula que ponga a la eficacia gubernamental en el centro de todas las decisiones. Es la única manera de saldar la deuda histórica con la sociedad y robustecer nuestra democracia.