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Cuando todos escuchamos de los constantes conflictos que se han dado en el Medio Oriente, como el más reciente de Estados Unidos e Israel contra Irán, no se piensa solo en asuntos bélicos y sus lamentables consecuencias, también en el impacto económico que ello dejará como resultado a otras naciones del planeta; de hecho estas acciones del fin de semana seguramente impactarán también a nuestro país casi de manera inmediata, pues podrá alterar el precio del barril, presionar la inflación, mover el tipo de cambio y obligar a decisiones fiscales delicadas en Palacio Nacional; porque en la economía globalizada, el crudo es más que energía, es también factor de desestabilidad social y económica que termina reflejándose en los bolsillos de los ciudadanos.
Irán ocupa una posición estratégica en el mapa energético global, ya que cerca de sus límites transita alrededor del veinte por ciento del petróleo que se comercializa en el planeta, y cualquier amenaza de bloqueo o interrupción dispara especulación inmediata en los mercados; de hecho no se necesita un cierre total, basta el riesgo para que el precio del barril suba de precio en cuestión de días; porque si bien México produce petróleo, pero el asunto es que se importa una parte considerable de las gasolinas que consumimos los mexicanos, por lo que un aumento abrupto en el precio internacional del crudo impacta en los costos de refinación, transporte y comercialización. El resultado es una presión directa sobre el precio final que pagan millones de familias y empresas en las estaciones de servicio.
Cuando sube la gasolina, sube casi todo; el transporte de mercancías se encarece, los alimentos absorben el “golpe” y los servicios ajustan tarifas, como una de las consecuencias; la inflación se convierte en un enemigo silencioso que erosiona ingresos sin que se note de inmediato. Por ello el Gobierno Federal tendría entonces una decisión compleja, aplicar estímulos fiscales para amortiguar el aumento o permitir que el mercado refleje el impacto internacional; lo primero implica sacrificar ingresos públicos, lo segundo implica costo político, máxime cuando la narrativa desde hace algunos años era el compromiso de bajar el costo del litro de gasolina, algo que, por cierto, no ha ocurrido; y es que en un país donde el poder adquisitivo sigue siendo frágil, un repunte inflacionario puede modificar percepciones sociales con rapidez; no es solo un asunto técnico, es un tema de estabilidad económica.
Hay quienes podrían argumentar que un petróleo caro beneficia a México como productor y fortalece las finanzas públicas, y en parte esto podría ser cierto, porque se supone que a mayores ingresos por exportación podrá aliviar el presupuesto y dar margen para programas sociales o inversión; sin embargo, el beneficio es relativo y temporal si el país importa combustibles refinados a precios elevados, y gran parte de los combustibles que se comercializan en el territorio nacional vienen del extranjero; pero además, un entorno global de incertidumbre reduce crecimiento económico; no se trata solo de celebrar que el precio del barril de petróleo suba sin observar el contexto, y las consecuencias que eso conlleva.
Más allá de que el Gobierno de México, atinadamente, criticará estas acciones militares en aquella región del planeta, creo que se debe estar trabajando en estrategias que permitan esa contención respecto al impacto económico que se vendrá en los próximos días; porque si bien no es el primer hecho que ocurre en el Medio Oriente, y nuestro país ha salido bien “librado”, siempre que existen acciones militares de esta naturaleza, la “alarma” vuelve a encenderse en lo económico, y si esta administración federal no se ha preparado lo suficiente, quedará claro que la política exterior puede ser prudente, pero la verdadera prueba de gobierno siempre está en la capacidad de blindar la economía frente a tormentas que no provocamos, pero sí debemos resistir.