Reforma electoral en modo autoritario

Todo gobierno democrático cuando modifica las leyes electorales busca ampliar la participación ciudadana, reconociendo que la voluntad libre de los electores es la única fuente legítima del poder público. La reforma electoral que promueve el gobierno de Morena no es producto de un diálogo nacional, ni siquiera de un acuerdo entre las fuerzas políticas del país.

La comisión gubernamental, integrada por exfuncionarios públicos alineados a los intereses de Morena, es la responsable de redactar la iniciativa que será enviada en próximos días al Congreso. Dicha comisión no acreditó ningún acercamiento con las fuerzas políticas de oposición al régimen, se han dedicado a cuidar los intereses del gobierno y su partido, con la pretensión de debilitar la competencia política para garantizar, desde la ley, ventajas al partido gobernante.

Se conoce que la iniciativa que será discutida y votada durante el período de sesiones que inicia en febrero, incluye elementos para dominar desde el gobierno a los órganos electorales, reduciendo la capacidad del INE para organizar procesos electorales creíbles. La intención es controlar las elecciones y decidir quién gana en cada contienda, sin dejarle recursos jurídicos y políticos a los partidos y ciudadanos cuando se comete una ilegalidad. De fondo buscan vulnerar la autonomía del INE y los organismos electorales de los estados para consolidar el control político del Poder Ejecutivo sobre todas las autoridades.

La propuesta incluye reducir la representación proporcional, siendo que esta forma de elección ha probado su eficacia en nuestro sistema electoral a fin de garantizar una representación plural en ambas cámaras del Congreso de la Unión; es en las plurinominales donde están representados con legitimidad quienes no obtienen el triunfo en las elecciones uninominales, garantizando su presencia en las cámaras cuando se obtiene un porcentaje significativo de votos proveniente de la voluntad del electorado. Debilitar la pluralidad política en las cámaras del Congreso es consolidar un sistema de partido hegemónico o dominante.

Otro rasgo distintivo de la reforma que se promueve desde el gobierno es reducir el financiamiento público a los partidos políticos, lo que significa debilitar a estos institutos de interés público (así los reconoce la Constitución), colocándolos en franca desventaja frente al partido gobernante, porque es bien conocido que Morena dispone de apoyos económicos desde el gobierno y de otras instancias privadas. En la democracia los partidos deben promover la participación ciudadana en la vida democrática con acciones y programas financiados en recursos públicos, con origen claro, fiscalizable.

Dos falacias sustentan su propuesta: aducen que las elecciones cuestan mucho y que los pluris no representan la voluntad del electorado. Es más caro sostener el autoritarismo que gastar en elecciones libres, objetivas, con certeza jurídica. El ejemplo de Venezuela es más que vigente: allá la dictadura apostó por el control férreo de las elecciones hasta llegar a imponerse y hacer a un lado la voluntad popular, lo que tiene a ese país sumido en una crisis económica y política desde hace décadas.

La reforma electoral que va a imponer Morena seguramente con el respaldo de sus aliados —el PT y el Partido Verde— representa un retroceso democrático, es como regresar a las condiciones de hace más de 50 años.

Desde la cúpula del régimen hay un error de cálculo, en términos de madurez ciudadana el México de los setentas dista mucho del México actual, en aquellos tiempos no había una ciudadanía informada, participativa y analítica de la realidad.

Esa ciudadanía valiente y comprometida con su país es la que tomará las decisiones políticas y ninguna imposición será permanente. Al tiempo.

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