“Los símbolos no son meros signos; participan de la realidad que representan”
-Mircea Eliade
*El autor es Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED. Su opinión es estrictamente personal y no representa necesariamente la postura institucional de la Universidad.
Una anualidad más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos siempre será un motivo perfecto para reivindicar el rol que debería tener éste tan importante documento como símbolo no sólo en la vida jurídica de nuestro país sino igualmente en el ámbito político, cultural y social. Hacer de la Constitución uno de los elementos identitarios de la mexicanidad es un excelente propósito ahora que ha llegado a su centésimo noveno aniversario. Si la identidad es aquello que nos da un sentido de pertenencia y nos hace únicos, definitivamente la Carta Magna debería formar parte del elenco de emblemas o insignias que nos distingan como un gran pueblo y una gran sociedad, por más utópico que ello pudiera llegar a sonar. Un pueblo y una sociedad que, en todo caso, conviertan al Estado de Derecho y al imperio de la ley en ejes de su actuar.
Es bien sabido que el escudo, la bandera y el himno nacional son los símbolos patrios que nos permiten, como decíamos como anterioridad, poseer una unidad como miembros de un país y una gran comunidad en la que compartimos costumbres y tradiciones con un marco de pleno respeto a la diversidad ideológica. Como emblemas que son, dan cuenta de la identidad, los valores, las virtudes y la trayectoria histórica de una nación. La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales determina en su artículo 1o. que los tres son los símbolos patrios de los Estados Unidos Mexicanos. Incluso, en el artículo 54 señala que las autoridades educativas dictarán las medidas para que en todas las instituciones del Sistema Educativo Nacional se profundice en la enseñanza de la historia y la significación de los símbolos patrios.
El cuerpo normativo referido, entonces, reconoce no sólo la trascendencia como símbolos per se sino además lo que implica desde una perspectiva jurídica. A partir de lo anterior, el planteamiento consistiría en que, sea o no expresamente uno de los símbolos patrios, sí se busque darle un nivel y categoría que se ajuste no tanto con las definiciones teóricas sino con las incidencias prácticas. Y ello, precisamente, se puede lograr con una mayor cultura constitucional, la cual desafortunadamente ha hecho falta en el largo recorrido evolutivo que se ha tenido desde 1917 a la fecha, en donde para empezar la sociedad ha tenido múltiples transformaciones.
Como decíamos en una colaboración anterior, nuestro código político se aproxima vertiginosamente a las 900 y a las 1,000 reformas constitucionales, lo cual hace ver que la rigidez constitucional, para nuestra mala fortuna, sólo ha sido una buena intención, sobre todo cuando se tiene en cuenta que dicha característica funciona como una metagarantía en la defensa de los derechos fundamentales. Bajo ese tenor, observar el valor simbólico de la Constitución puede contribuir a mejorar tanto la técnica legislativa como la técnica constitucional que han fallado en muchas de las ocasiones al momento de realizar modificaciones a nuestra ley de leyes. La norma fundamental, no lo olvidemos, debe ser el más robusto puente para vivir en un marco de respeto a la legalidad, de tal forma que ésta impere sobre toda la vida colectiva y propicie un contexto más amplio de libertades.
