Historia.
Falso discurso.
Confianza.
Foros.
La nueva propuesta de reforma electoral que impulsa el Gobierno Federal ha vuelto a prender las “alarmas” en el terreno político, porque no es un asunto menor el hecho de que se plantee la posibilidad de que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sean electos mediante voto popular; a primera vista podría parecer un gesto democrático, pero creo que es más una ilusión óptica por parte de quienes la promueven, incluso al querer aparentar un acercamiento del “árbitro” electoral a la ciudadanía, pero detrás de esa idea hay riesgos enormes que vale la pena poner sobre la mesa, máxime cuando se hace la comparación con lo que ha pasado en el Poder Judicial, donde la politización de jueces, magistrados y ministros se convirtió en una tentación peligrosa. La democracia mexicana no necesita retroceder para generar menos participación en las urnas, por el contrario, y para ello se necesitan personas con experiencia en el ramo, no perfiles que sean “populares”.
No está de más recordar un poco de historia, el Instituto Federal Electoral (IFE) nació en 1990, justo después de la controvertida elección presidencial de 1988, aquella que se definió entre acusaciones de fraude y con la famosa “caída del sistema”, y fue precisamente la izquierda, la misma que se supone hoy nos gobierna, la que exigió que existiera un organismo electoral ajeno al control del gobierno, como ocurría cuando la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones, un árbitro independiente que garantizara procesos limpios y democráticos; paradójicamente, esa misma corriente ideológica que levantó la bandera de la “autonomía” electoral es la que ahora coquetea con la idea de “enterrar” al instituto que alguna vez defendió como conquista democrática.
Plantear que los consejeros del INE lleguen por elección popular suena atractivo para quienes buscan reforzar el falso discurso de que “el pueblo decide todo”, sin embargo, la experiencia demuestra que abrir estos cargos a una lógica de las “simpatías” en las urnas no necesariamente eleva la calidad de la representación; creo que la democracia mediante el sufragio es importante en algunos casos, no en todos, como lo que se propone, porque aquí se trata de que haya imparcialidad y profesionalismo en el ejercicio de la función, y lo que puede ocurrir es exactamente lo contrario, que se imponga la popularidad, con unas campañas vistosas o el posible respaldo de partidos políticos, dejando en segundo plano la preparación en derecho electoral, en organización de comicios y en la construcción de consensos. Se podría acabar de “golpe” con algo que tardó años en construirse.
Quienes defienden la idea, insisten en que este mecanismo le devolvería confianza a la ciudadanía, pues los electores serían quienes decidan directamente a los árbitros, quizá en el papel suena bonito, pues se supone que habría mayor legitimidad, cercanía y control ciudadano; también se dice que se terminaría con el reparto de cuotas en el Congreso de la Unión, donde hoy los partidos negocian los nombramientos de consejeros. Pero hay que preguntarse si el “remedio” no resulta peor que la enfermedad, ya que eliminar las “cuotas” en el Poder Legislativo para abrir la puerta a campañas “partidizadas” en las calles, parece un salto al vacío; así de sencillo, la legitimidad no se mide en número de votos, sino en la capacidad de organizar elecciones limpias, confiables y transparentes.
El gobierno presume que habrá foros, consultas y espacios de diálogo para que la ciudadanía opine sobre la reforma electoral, pero todo apunta a que se trata de una simple “puesta en escena”, un montaje para legitimar una propuesta que en el fondo no se piensa modificar, como ocurrió con la reforma al Poder Judicial; se pretende una falsa apertura pero solo de “dientes para afuera”, porque el guion ya está escrito y la obra tendrá un final anunciado. Esa “película” ya la vimos todo México.
