Reformas a la ley de amparo (1)

Comentarios constitucionales

Luego de haber sido aprobadas las reformas y adiciones a la Ley de Amparo por el Congreso de la Unión y promulgadas por la titular del Poder Ejecutivo de la Unión, se publicó el decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de octubre de 2025, y de su análisis se advierte que se hicieron modificaciones a la iniciativa presentada.

En efecto, la iniciativa contenía aspectos positivos, pero otros no, pues restringían el acceso al juicio de amparo como el relativo al interés legítimo, que gracias a su inclusión años antes en la Constitución se ensanchó la puerta para defender causas colectivas e intereses difusos, pero tal como estaba definido en la iniciativa, representaba una regresión.

También se cuestionó lo relativo a la suspensión, que tiene como finalidad conservar la materia del juicio de amparo, pero la adición de requisitos dificultaría que fuera concedida. Por otra parte, se cuestionó que era una iniciativa de reformas muy inclinada hacia la autoridad.

Estas son sólo algunas de las propuestas de la iniciativa, entre otras, que fueron muy cuestionadas, por lo que conviene saber cuál fue su destino, si es que fueron aprobadas o no por el Congreso de la Unión y, en dado caso, en qué términos.

En cuanto al interés legítimo se propuso hacer una adición al artículo 5º de la Ley de Amparo para establecer que la norma, acto u omisión reclamado debería ocasionar en la persona quejosa una lesión real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgara el amparo.

Con la redacción que se propuso, perjudicaría la defensa del medio ambiente, por lo que se suprimieron las palabras “actual” y “directo”, pues en materia ambiental hay que referirnos también al tiempo futuro y a que los beneficios son difusos.

En cuanto a la suspensión, se establecía en la iniciativa que al ponderar los efectos de la suspensión frente al “interés social, el orden y el interés público no se causara un daño significativo a la colectividad, ni se prive a la sociedad de beneficios que ordinariamente le corresponden”, se eliminó el término “interés público”, por su vaguedad.

Por lo que se refiere a la ejecución de la sentencia se establecía en el artículo 193 de la iniciativa que la multa se impondría al órgano señalado como autoridad responsable o al órgano que vinculada al cumplimiento y no a la correspondiente persona física titular del mismo, lo cual no fue aprobado, pues debilitaría el cumplimiento de la sentencia.

Los anteriores aspectos destacan del decreto de reformas publicado, pero hay muchas otras reformas que conviene analizar, para tener una visión completa del juicio de amparo, lo cual haremos en próximas colaboraciones

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