El aumento del número de semanas que debe tener cotizado el trabajador para tener derecho a una pensión creció y pasó de 500 a mil semanas y la premisa con la que el gobierno vendió esta reforma a la sociedad fue como un modelo innovador que resolvería el problema de las pensiones en nuestro país.

La baja tasa contributiva que se tiene para recaudar recursos para la pensión del trabajador, pues son insuficientes para que se pueda generar recursos necesarios para financiar una pensión decente. Aun los trabajadores con salarios más elevados tienen la incapacidad, en su mayoría, de juntar recursos suficientes para financiar una pensión por arriba de un salario mínimo, aunado a eso, esa misma incapacidad de generar recursos suficientes para solventar el costo de una renta vitalicia orilla que la mayoría de los trabajadores sólo puedan acceder a una pensión mínima garantizada que con las últimas reformas, incluso, la mayoría, está por debajo del salario mínimo; como muestra basta ver el salario promedio que tuvieron los trabajadores pensionados por Ley 97 en el 2022 fue de cinco mil pesos.

El pago de las pensiones y jubilaciones es la principal carga que tiene el gobierno dentro de su presupuesto cada año, aunado a un mal manejo y administración de los recursos, dio como resultado un boquete económico en las pensiones, que el gobierno no pudo subsanar, dando origen a la reforma de la ley. Con esta reforma nace la figura de la portabilidad de derechos y con ello el trabajador solo podrá gozar de una pensión. Con la figura de la portabilidad de derechos, se eliminó la posibilidad que un trabajador que cotiza bajo las nuevas reformas pueda tener dos pensiones de instituciones distintas, pues el tiempo que cotizo en ambas instituciones se concentra en un solo derecho. Esta portabilidad es el punto medular de la pensión universal, que actualmente está promoviendo el gobierno, de mudar todos y cada uno de sus modelos de jubilaciones públicas a un solo modelo privado de pensiona, el de las Afores.

Actualmente, las instituciones que han emigrado a este modelo y que se les ha aplicado la portabilidad son los trabajadores ordinarios que cotizan en el Seguro Social a partir del primero de julio de 1997, los trabajadores sindicalizados del Seguro Social y del ISSSTE y CFE que empezaron a cotizar bajo nuevas condiciones de jubilación en su contrato colectivo en el 2007, los trabajadores de Pemex, que tuvieron las mismas modificaciones hace unos años, así como los trabajadores del Estado de México. Se tiene programado que 40 instituciones que maneja el gobierno, sus planes de pensión y jubilación muden al esquema privado de las Afores.

Una de las cosas que promovía este nuevo modelo de pensión era la igualdad de cotización de todos los trabajadores, cosa que actualmente no se está llevando a cabo. Mientras los trabajadores que cotizan en el Seguro Social están, en su mayoría, condenados a una pensión miserable por su sistema contributivo, los trabajadores que cotizan en el Estado tienen una tasa contributiva más elevada y subsidiada por el gobierno. También difiere la manera en cómo el gobierno estimula el ahorro complementario para vejez, mientras que para sus trabajadores de gobierno tiene esquemas de ahorro solidario, en donde el gobierno subsidia este tipo de ahorro, por parte de los trabajadores que cotizan en el IMSS no existe ningún programa de estímulo por parte del gobierno.