La infraestructura pública no solo se diseña y se planea; se socializa con quienes la van a usar, con quienes la van a convivir y con quienes podrán sentir sus impactos antes de que empiece a construirse. Una decisión técnica que no se acompaña de diálogo ciudadano deja de ser útil para la ciudad: se convierte en un punto de fractura social.

Para muestra dos situaciones recientes ilustran claramente esto: Acueducto Solís–León: autoridades reconocen que, aunque la obra es técnicamente viable, la falta de socialización está generando dudas y resistencia ciudadana sobre su impacto real en usuarios y sistemas agrícolas.

Estos ejemplos no son aislados ni anecdóticos: ponen sobre la mesa una regla básica del desarrollo urbano y de obra pública: si no hay comprensión, no hay respaldo. Socializar un proyecto no es un acto decorativo, ni una concesión política; es componente esencial de la ingeniería urbana moderna.

Las decisiones que deben acompañar ese proceso son claras: 

Cuando los proyectos se socializan con datos y con método, la decisión no solo se explica: se legitima. Cuando un proyecto se presenta solo como una decisión administrativa, pierde legitimidad ante quienes lo encuentran en su vida cotidiana: usuarios, comerciantes, vecinos, transportistas.

Eso no solo puede generar bloqueos, protestas y tensión social, sino también costos adicionales en tiempo, recursos y reputación institucional.

La técnica y la política no tienen por qué estar en conflicto. Pero cuando el diseño se hace en torre de marfil, sin explicar antes de ejecutar, los circuitos naturales de legitimación social se rompen.

Socializar no es negociar consentimiento: es convertir datos en entendimiento y decisiones en bases comunes. Una obra bien explicada rara vez se detiene; una obra mal explicada rara vez se construye.

@marcosornelasm

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