Recuperar el anhelo
Síguenos en:
Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión
Mazatlán, Sinaloa, 12 de marzo de 2026
Mi nombre es Francisco Mario Arruete y soy ciudadano de la muy soberana y transformada República de Chinconcuac. En esta república, su presidenta es cuestionada –ya saben– por esa prensa vendida, neoliberal y chayotera con motivo de los escándalos incesantes de ese héroe, ahora caído en desgracia, el Secretario de Gobernación del sexenio anterior.
Que si el ex secretario sabía o no que él había contratado al mismísimo jefe de un cártel de la delincuencia organizada. Que si hubo ocultamiento de 79 millones de pesos en su declaración patrimonial, los cuales ganó en 2023 y 2024, y que es inconsistente con las declaraciones de impuestos del SAT. Que, siendo información que exclusivamente posee el SAT, si fue o no el propio gobierno quien filtró esa información sobre la irregularidad en la declaración de esos 79 millones. Que si el ex secretario ha sido o no contratista del propio gobierno facturando, así, decenas de millones de pesos. Que si al obtener esos ingresos millonarios está vinculado, como exhiben documentos del SAT, a empresas fantasmas. Que si él comparte casualmente el mismo correo electrónico que también utiliza una de esas empresas fantasmas, tal y como lo exhibe documentación del SAT. Que si mintió al declarar 7 millones en 2023 cuando en realidad ganó 22 millones, y al declarar 600 mil pesos en 2024 cuando en realidad ganó 58 millones. Que, al ser ilegal mentir en su declaración patrimonial, si tendría o no un castigo. Que si su notaría está vinculada o no, como lo indican documentos públicos, al grupo de delincuencia por el cual está señalado.
Ante tantas preguntas, he de confesar que la presidenta me decepcionó en su respuesta, pues ella contestó con un apagado y muy tímido: ‘pues que aclare’. La transición de un –digamos– suave ‘pues… qu…’ a un casi inaudible –incluso diría achicado, temeroso– ‘…que aclare’ me provocó pena ajena.
La nueva revelación de ese mismo ex secretario, ahora senador, es que metió a uno de sus hijos –un joven estudiante universitario– a trabajar como asesor de la Cámara de Diputados obteniendo un ingreso total de más de 800 mil pesos. En su momento, se le cuestionó al ex secretario, pero mintió diciendo que su hijo hacía simplemente su servicio social. El asunto, gracias a esa mentira, quedó en el olvido hasta ahora que se desveló la verdad.
Como si fuesen salpicaduras que no cesan, se reveló recientemente que también uno de los hijos del presidente del sexenio anterior cobró, igual, como asesor, pero de la Cámara de Senadores, llevándose a su bolsillo 615 mil pesos.
Los hijos del ex presidente, recordemos, tejieron una red de tráfico de influencias. Ahí están las grabaciones de sus amigos que se convirtieron, de la noche a la mañana, en contratistas del gobierno y en multimillonarios. Los amigos de los hijos del ex presidente no habrían obtenido esos contratos multimillonarios si el papá no hubiera llegado a la presidencia. Así de sencillo. El gobierno menospreció y se mofó, como siempre, de esas grabaciones, pero nunca rechazó su veracidad. Tejer la asignación de una infinidad de contratos de cientos de millones de pesos para favorecer a tus amigos, a costa de los ciudadanos, es corrupción. Y el tráfico de influencias es un delito que está previsto en el artículo 221 del Código Penal Federal.
Mientras tanto, la agencia internacional de noticias Reuters informó que el gobierno estadounidense ha revocado más de 50 visas a políticos de Morena por sus vínculos con la delincuencia organizada. Por otra parte, hace unas semanas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una serie de empresas y personas de nuestro país por presuntos lazos con la delincuencia organizada. Una de esas personas es diputada federal de Morena. La reacción de la diputada fue victimizarse diciendo que pretenden desacreditarla. La presidenta de nuestro país la defendió arguyendo que el gobierno mexicano no tiene pruebas de vínculos con el crimen organizado en contra de la diputada. A pesar de extender este manto protector a sus compañeros de partido, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda del gobierno procedió a bloquear y mantiene bloqueadas las cuentas de la diputada.
En días pasados, Veracruz y otros estados sufrieron lluvias que provocaron 70 muertes, otros tantos desaparecidos y un sinfín de personas arruinadas por pérdidas. Ante cuestionamientos sobre el uso partidista de las ayudas a la población, la presidenta respondió: ‘Cómo creen que vamos a usar esto electoralmente, sería una tragedia’. Acto seguido, en el sitio de la catástrofe, la presidenta ofrece ayuda y pide que no olviden eso al votar. También surgieron en medios imágenes del ejército y policías entregando despensas en bolsas de color guinda y logos partidistas. Acto seguido, la alcadesa morenista de Poza Rica, Veracruz, Adanely Rodríguez hizo entrega de despensas con logotipos guinda que llevaban sus iniciales AR.
También trascendieron imágenes, en un preocupante desafío al rol del Estado mexicano, de un cártel repartiendo despensas tras la catástrofe. En otro ámbito, hace unas semanas, trabajadores de un hospital público de Baja California solicitaron, con una manta, ayuda a un líder de la delincuencia organizada para hacer frente a la crisis de medicamentos e insumos básicos para su funcionamiento.
Veo a un país sumido en la putrefacción política y, a la vez, devorado por la delincuencia organizada. Creo que nuestro país perdió el camino, el sendero de la democracia. Con razones de sobra, la ciudadanía llena de hartazgo decidió volcarse en favor de un nuevo proyecto político sin advertir que ese mismo proyecto sería la causa de la profundización del deterioro económico, político y social. Nuestro riesgo no es convertirnos en Venezuela, como señalan algunos escandalosamente. No, nuestro riesgo es convertirnos en Argentina, y que el lopezobradorismo sea para nosotros lo que el peronismo es para ellos: Perón, un líder populista, carismático y antidemocrático que forjó un movimiento político duradero con resultados que, aunque una y otra vez sean contraproducentes, la gente vota y apoya.
A raíz de los retrocesos institucionales, el ‘Democracy Index’ elaborado por The Economist clasifica ahora a la democracia de nuestro país como sistema político híbrido: parcialmente democrático y parcialmente autoritario. Antes estaba clasificado como un sistema político democrático. El cambio obedece a que hemos experimentado un retroceso. Hubo, por supuesto, un periodo en las décadas pasadas en que creamos instituciones que limitaban el poder y los abusos de los gobernantes. Hubo una sendera democrática que dio lugar a la creación de los diputados plurinominales, al INE, al INAI, a una carrera judicial (y a una Suprema Corte independiente capaz de resolver casos en contra de Zedillo, Fox, Calderón, Peña y AMLO), al CONEVAL, al INEE, la COFECE, al IFT, y un largo etcétera. De todo eso casi no resta nada. Desaparecieron fideicomisos, fondos de ahorro gubernamentales, cancelaron un aeropuerto moderno y muy ambicioso. El pretexto falaz fue el alegato de corrupción. El argumento de que debe desaparecerse un fideicomiso del poder judicial o del CIDE por supuesta corrupción (que nunca se demostró) resulta tan falaz e insostenible como afirmar que nuestra democracia, por corrupta, debe ser desaparecida. Claro que no. Debe ser corregida, no desaparecida.
Ante la desesperanza de un panorama nacional así, nuestros anhelos deberían orientarse a retomar el proyecto de democratización y modernización de nuestro país. El defecto de nuestra democracia es que puso énfasis en el crecimiento económico y en la modernización, lo cual es bueno, pero no atendió el problema de la corrupción y el de la ayuda a los más desfavorecidos. La reanudación del proyecto democratizador debe incluir esos dos elementos. Debe ser modernizador, debe ayudar a los más pobres y debe luchar contra la corrupción. Un Estado fuerte y moderno.
Pongo un ejemplo de modernización que siempre señalo. En Europa, cualquier joven universitario accede a una plaza de médico, enfermero, auxiliar judicial o maestro mediante un sistema nacional de exámenes de oposición para el ingreso al servicio público. Siempre es así: mediante examen. De esa forma, el ingreso al mercado laboral, al menos en el sector público, ya no depende de las palancas, trampas, recomendaciones y privilegios, de los que carecen quienes tienen menos oportunidades. Depende del mérito. Y eso tiene un impacto saludable en la mejoría del recurso humano del sector público. Lo mismo sucede para el ascenso laboral: se deben aprobar exámenes de promoción o ascenso. Y cada vez que se detecta un vicio o una corrupción, debe afinarse el mecanismo para que no vuelva a suceder, y no tirar la bañera con todo y bebé, simplemente porque el agua está sucia. Pero eso es lo que le han robado a los estudiantes de derecho que soñaban con ser jueces. Ya no dependerá de la carrera judicial, sino de la cercanía a Morena y de aparecer en los acordeones que ellos repartan.
El objetivo, la meta, debe ser la opuesta. Al poder y a los políticos hay que limitarlos en sus capacidades de abusar. No podemos permitirles a los políticos que emprendan proyectos y obras públicas que sean caprichos. Se requieren políticas públicas previamente diseñadas y testeadas. Eso es modernizar el Estado. Necesitamos el INE, para que no sea la Secretaría de Gobernación quien organice las elecciones. Necesitamos –volver a crear y recuperar– el INAI, para que el acceso a la información pública no sea decisión del gobierno. Necesitamos una Suprema Corte independiente, para que su designación no dependa del partido en el poder.
Modernizar el Estado es que un ex secretario de Gobernación no pueda ser funcionario público y a la vez ser contratista del gobierno, sin que termine en la cárcel. Mejorar la regulación del conflicto de interés y que se castigue realmente el tráfico de influencias. Para eso se requiere ajustar el marco jurídico, dotar a las instituciones de mejores de facultades, y sobre todo, se requiere de voluntad política. Pero eso es justo lo que no hay. Yo observo a una presidenta y a una clase política esquivando las balas de los escándalos, minimizando, burlándose, insultando, desacreditando los reportajes periodísticos.
Ante la delincuencia cínica que cometen los políticos y la delincuencia del crimen organizado, cuando platico con jóvenes, ellos me expresan su pesimismo: ‘nada va a cambiar, todo seguirá igual’. Si somos realistas, es verdad que nosotros no podemos hacer mucho por la simple razón de que nosotros no somos los tomadores de decisiones. Pero sí podemos hacer tres cosas como ciudadanos: 1) es fundamental salir a votar en cada elección; 2) debemos adoptar el hábito de informarnos, de observar el acontecer político de nuestro país y criticarlo incesantemente; 3) recuperar el proyecto de la transición democrática como anhelo: la sociedad civil es diminuta, pero fue ella quien exigió la construcción de instituciones independientes. Eso debemos exigir.
Sí, el panorama es desalentador. La delincuencia organizada se ha extendido a todos los ámbitos de la vida: hay abogados devorados por el narco, ingenieros, restauranteros, contadores, hasta influencers. (Hace unos días una cierta reina de belleza fue detenida en Estados Unidos por el homicidio de un importante narco.) Cualquier promesa de dinero fácil debería, más bien, provocarnos miedo. Y en el otro extremo está la pedagogía de nuestros políticos: ser hipócritas, llegar al poder y robar. Nos enseñan que si robas, no pasa nada. O si tu compañero de partido roba, que tú –como la presidenta– voltees a otro lado o minimices.
Claro que llegar al poder y ver la tajada de pastel mal habido es una tentación. Pero debemos repudiar esa opción. Son cientos de miles de millones de pesos robados que benefician a unos pocos. Los más perjudicados por el dinero público robado son lo más vulnerables, los perjudicados somos nosotros, son nuestros seres queridos, es nuestra clase social: la no privilegiada.
En lugar de soñar ingenuamente con el dinero fácil, mejor deberíamos molestarnos porque un legislador coloca, en obvio conflicto de intereses y tráfico de influencias, a su hijo (un estudiante universitario) como asesor del poder legislativo obteniendo un ingreso de 800 mil pesos. Mejor valdría la pena preguntarse qué son 800 mil pesos (¡nada!) para esa familia de políticos infinitamente millonarios, y preguntarse si a ti, que eres joven, te cambiaría o no radicalmente la vida si a esta edad recibieras 800 mil pesos en cuestión de unos meses. Valdría la pena preguntarse si debería molestarnos esa diferencia de trato. Yo creo que sí. Yo creo que es profundamente injusto.
