El 25 de enero de 2026, ocurrió una masacre en Salamanca (Guanajuato) cuando un comando armado irrumpió en una cancha de fútbol tras un partido amateur, atacando al menos a 23 personas: de ellas murieron 11 y otras 12 fueron heridas, incluyendo mujeres y menores de edad. Las imágenes de la masacre son simplemente atroces.

En Concordia, Sinaloa, un comando armado secuestró al menos a 10 trabajadores (ingenieros y técnicos) de la minera canadiense Vizsla Silver el 23 de enero, al entrar en el alojamiento donde dormían y llevárselos por la fuerza. A la fecha, siguen desaparecidos.

El 28 de diciembre de 2025, el nuevo tren interoceánico se salió de la vía en Oaxaca, dejando al menos 14 muertos y decenas de heridos. La Fiscalía General de la República atribuye el accidente a un exceso de velocidad. Ya han detenido a dos operadores del tren.

La FGR sostiene que la causa del accidente fue el exceso de velocidad. El tren iba a 65 km/h en un tramo con límite de 50 km/h. La FGR descartó fallas técnicas o de infraestructura como causa principal y ha promovido acción penal por homicidio y lesiones en contra de tres operadores de los cuales, como se dijo antes, dos han sido ya detenidos. Lo anterior significa que el tren llevaba 15 km/h de exceso de velocidad. Sin embargo, esos 15 km/h equivalen a una persona corriendo, ni siquiera a máxima velocidad, sino de forma moderada.

Me parece que los mexicanos tenemos gobiernos francamente despiadados e insensibles. Me resulta difícil creer que una diferencia de 15 km/h implique por sí misma un riesgo inminente, sobre todo porque los límites de velocidad operan con márgenes de tolerancia técnica. Es decir, si el límite de velocidad es 50 km/h, y un tren circula a 51 o 55 km/h, claramente este no va a descarrilarse: ¡para eso están los márgenes de seguridad! En casos como estos suele haber tantas medidas de seguridad que es difícilmente atribuible a una única causa. Por el contrario, ese tipo de accidentes es producto de condiciones acumulativas y a una cadena de fallas; aislarla a la velocidad es francamente reduccionista. 

En medios ya habían trascendido acusaciones de corrupción vinculadas a la construcción del tren interoceánico por presuntas redes de influencias de Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, y amigos suyos relacionados con contratos y suministro de material para las vías. Se había difundido en medios de comunicación, ya hace tiempo, el audio de una llamada telefónica en el que presuntamente Amílcar Olán, un amigo de los hijos de AMLO, habría vendido balastro evadiendo pruebas de calidad y su interlocutor le respondió entre risas y burlas: “Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo”, sugiriendo indiferencia ante fallas potenciales pese a actos corruptos en el proyecto. En ese momento, yo pensé: las víctimas de un descarrilamiento podríamos ser tú, yo o cualquiera, mientras ellos ríen. Mis amigos simpatizantes de Morena sueñan con subirse a esos trenes. Yo, ni de loco, me subo a uno de ellos.

En lugar de que el gobierno se lave las manos, alegando un exceso de velocidad de 15 km/h, acusando a tres empleados del tren, los mexicanos nos merecemos un peritaje independiente, por ejemplo, de alguna agencia internacional que revise todas las condiciones de construcción y operación del tren, para esclarecer la verdad de lo que realmente ocurrió.

Recordemos también que tras el colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, el 3 de mayo de 2021, el gobierno capitalino contrató a la empresa noruega DNV para hacer un peritaje independiente sobre las causas del accidente. Ese informe —que señalaba fallas de mantenimiento junto a problemas de diseño y construcción— fue calificado después por Claudia Sheinbaum (entonces jefa de gobierno de la CDMX y ahora presidenta de la república) como “tendencioso, deficiente y falso”, y su administración canceló el contrato, no lo publicó y hasta emprendió acciones legales contra la firma, argumentando que la metodología había cambiado y no se ajustaba a lo pactado. Esto generó controversia porque el peritaje encargado por la propia administración fue desestimado justamente cuando sus resultados responsabilizaban también al mantenimiento bajo su gestión, y porque esto pareció evitar aceptar hallazgos adversos. 

Si el escenario que planteo es posible (el de lavarse las manos acusando un exceso de velocidad), nuestro gobierno sería efectivamente despiadado e insensible. Pues habrán destruido la vida de dos o incluso tres trabajadores: el maquinista, el conductor y el despachador. Nos merecemos, repito, un peritaje independiente. Pero eso simplemente no pasará.

En medios de comunicación también se ha filtrado, según trascendió, el expediente de la investigación de la FGR sobre el descarrilamiento. El conductor ni siquiera tenía velocímetro, no había medidas de seguridad, el equipo de radio y de cámaras que no servía, los trenes adquiridos para este proyecto fueron de segunda mano de al menos 50 años, los operadores no tenían licencia y hay testimonios de que el tren circulaba a la velocidad habitual. 

En otro asunto, en Culiacán, una pareja de jóvenes fue atacada a balazos durante un operativo en medio de un enfrentamiento entre autoridades y civiles armados. La joven resultó herida y hospitalizada de gravedad. El hombre, estudiante de la Facultad de Derecho, murió. Las autoridades sostienen que están realizando investigaciones para determinar si la muerte fue provocada o no por los militares y, en su caso, proceder conforme a derecho.

En México, vivimos en la indiferencia. Vivimos en la época de la polarización y la identidad. Esto incluye la identidad política. La polarización y la identidad política hacen que la gente tome partido en favor de los políticos y los defienda, cuando nuestra actitud debería ser crítica. Sucede en Estados Unidos, en México y en otras partes.

El populismo emplea la posverdad. Elimina la frontera entre la verdad y la falsedad. Si todo es distorsionado, ninguna verdad nos asombra. Hartos, indiferentes y adormecidos, nada nos indigna, ni la masacre de Salamanca, ni los muertos del tren ni los jóvenes de Culiacán. Los gobernantes prefieren mirar hacia otro lado y lavarse las manos. Ante la ineptitud, la corrupción, la ineficacia y la pasividad gubernamentales, deberíamos de sentirnos indignados.