El gobierno Sheinbaum ha decidido echarse a cuestas el establecimiento de un Sistema Universal de Salud, cuyo anuncio no encontró mayor resonancia, quizá porque dejó de lado cómo enfrentará desafíos como su financiamiento, abasto de insumos, la pesadilla de la regulación y, en particular, la extendida corrupción que atenaza al sector.

“Quien no puede lo menos, no puede lo más”, la vieja frase aplicable a múltiples situaciones parece dominar este nuevo enfoque para dar acceso general a los recursos disponibles en infraestructura, personal, medicamentos y otras herramientas terapéuticas. Con lo que ello implique para el IMSS, el ISSSTE, el llamado IMSS Bienestar “descentralizado” -en los estados afiliados y no-, más al menos 40 millones de mexicanos que no están afiliados a ningún esquema de protección sanitario.

¿Consentirán los patrones y trabajadores que tributan al IMSS, y sus casi 500 mil trabajadores, que ya encaran escasez de todo tipo de insumos, abrir sus puertas a la llamada población abierta, sin aportación alguna, para ser atendida en una emergencia -lo que ya ocurría, en el papel-, pero también en tratamientos de largo plazo, y deteriorar más su precariedad? Es solo una de las preguntas en el ambiente. 

Con el arranque del gobierno Sheinbaum hubo un esfuerzo para establecer una compra bianual de medicamentos bajo el liderazgo del secretario de Salud, David Kershenobich, y del subsecretario Eduardo Clark, personaje cercano a Palacio. El ejercicio se derrumbó no solo por lo apretado de los plazos comprometidos, sino por el pataleo de intereses implicados, lo que incluyó la intervención de la ahora secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro -responsable parcial del desastre en este ámbito bajo el gobierno López Obrador. De acuerdo con expertos consultados, la anulación del proceso impuso espacios para proveedores cercanos al obradorismo a los que se había logrado excluir. 

La presente administración heredó una múltiple pesadilla: falsos diagnósticos del problema, estrategias fallidas, marco regulatorio obsoleto regido por Cofepris, cadena dislocada de producción y distribución de insumos; golpe demoledor de la pandemia que trajo -según estimaciones recientes- 800 mil muertes por Covid y por el incompetente protagonismo de Hugo López-Gatell. Presupuestos cada vez más deteriorados.

Nunca hemos estado más lejos de Dinamarca en materia de salud, pero también de Chile, Canadá, o incluso Costa Rica. Frente a ese espejo negro, la promesa de un Sistema Universal de Salud no puede suponer más que buenas intenciones, en el mejor de los casos.   

Resiste diversas lecturas la decisión de la presidenta Sheinbaum para acudir la próxima semana a Barcelona a una reunión global de gobiernos y corrientes políticas progresistas, acorralados en muchas regiones por expresiones de derecha y ultraderecha que, como hizo en su momento el populismo de izquierda, ofrece salidas fáciles (con efectos a veces desastrosos) a un descontento social cada vez más complejo. La representación iberoamericana en la llamada Movilización Progresista Mundial, que alentó Gabriel Boric, expresidente chileno, incluirá también a los débiles liderazgos del colombiano Gustavo Petro y del español Pedro Sánchez -uno de los padres del proyecto-, al brasileño Lula da Silva y al uruguayo, recién llegado, Yamandú Orsi. Pero líderes progresistas de más de 40 países están convocados a este foro, en el que hasta ayer no estaba previsto que la mandataria mexicana emitiera un mensaje oficial.  La Presidenta demuestra una mirada más cosmopolita de su gobierno, pero sus interlocutores serán socialdemócratas para los que la elección de jueces federales, la supresión de instituciones y el desmantelamiento de contrapesos pueden sonar ideas estrafalarias, para decir lo menos. De ahí, precisamente, la importancia de que Sheinbaum Pardo pueda contrastar visiones frente a una izquierda más moderna.