Una serie de sentencias gestionadas por el sistema judicial de Tabasco bajo la vigilancia del gobernador morenista Javier May, ha empezado a empujar hacia la cárcel a Amílcar Olán, un personaje que detonó su ambición a la sombra de Adán Augusto López, Andrés “Andy” y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, estos dos últimos hijos del expresidente López Obrador.

Ya le alerté aquí de la fractura en curso en la coalición de complicidades que permitió negocios escandalosos con Olán Aparicio como cabildero o prestanombres, según fuera el caso, en contratos para la construcción del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, la venta de medicamentos, imponer extorsiones a casas de apuestas, o la importación ilegal de combustibles… Y le dejé saber de una operación quirúrgica para condenar en solitario a Olán Aparicio sin implicar a otros personajes de primer orden, como los citados. 

Nuevos informes dan cuenta de que Amílcar Olán, oculto al parecer en Europa, ha hecho llegar amenazas en particular a “Andy”-mediante el consabido “si yo caigo…”-, pero la integración de expedientes judiciales está evitando cualquier mención a ellos. El presidente del Tribunal Superior de Justicia tabasqueño, Efraín Reséndez, es primo en segundo grado de los López Beltrán. 

En contraste, los vínculos directos de Olán con Hernández López y miembros de su primer círculo equivalen a huellas digitales indelebles en muchos asuntos por parte del exgobernador, exsecretario de Gobernación y senador con licencia. Uno de los hilos conductores entre ellos es Manuel Marcué Díaz, de origen tabasqueño y ahijado de Adán Augusto, quien siendo gobernador le dio empleo en el área jurídica del sector salud del estado. 

En 2023, ya con casi dos años en la Secretaría de Gobernación, lo nombró director general de Juegos y Sorteos, lo que ratificó la función que desarrollaba previamente Marcué en el cobro de extorsiones a casinos y casas de apuestas, tarea en la cual López Hernández habría convocado a Olán, cercano amigo de Marcué, como lo demuestra la imagen que ilustra este espacio. 

La información disponible apunta a que Marcué -quien también habría abandonado el país- y Olán se confabularon para no entregar a López Hernández parte del producto de esas extorsiones, una vez que resultó claro que su patrón no sería candidato presidencial.  Este despidió a Marcué a cuatro meses apenas de haberle encomendado el cargo, y habría ordenado filtrar grabaciones obtenidas por Gobernación de llamadas telefónicas de Olán con múltiples personas, algunas incluso de carácter íntimo.

Pero los hilos sueltos del caso Olán no se cortan ahí. Incluyen a un contratista de “Dos Bocas” que murió al caer en un vuelo de su avión privado, y cuya familia fue despojada de su empresa. También, a un poderoso funcionario financiero del gobierno del Estado de México que sigue conectando millonarios negocios en favor de empresarios cómplices del llamado clan de Tabasco.

Las denuncias internacionales sobre desaparición forzada en México por parte del crimen organizado, con la tolerancia o connivencia de agentes del Estado de todos los niveles, representan una nueva crisis para la presidenta Sheinbaum a causa de gobernadores, propios o ajenos, actuales o remotos, incompetentes o ligados a las mafias. El nodo está en los estados. La inacción (legal, jurídica, política), en la Federación. Felipe Calderón tuvo las manos amarradas frente a los mandatarios del PRI, porque le ayudaron a ganar en 2006. Hacerlos intocables contribuyó a la derrota del PAN en 2012. Peña Nieto tenía también compromisos con ellos, pero intentó eludir un costo político mayor al perseguir penalmente al veracruzano Javier Duarte, al chihuahuense César Duarte y al quintanarroense Roberto Borge, entre otros, todos priístas. Palacio luce pasmado ante el dilema de seguir o no cargando culpas de gobernantes morenistas o de otros partidos, en Veracruz, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Tabasco o Chiapas, además de otra media docena de entidades.