Así comenzará la era de un oficialismo total, nomás que en su ecuación no cuadra la simbiosis partido-gobierno y eso, electoralmente tendrá repercusión.
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre, le espera no sólo una gran carga de trabajo, sino también, el deber ético y moral de impartir justicia ciega y expedita. Ha trascendido que hay 1,507 asuntos pendientes, de los cuales hay 382 de los que ya existe un proyecto de resolución, es decir sólo un 25% tienen un proyecto de sentencia, el 75% implicaría iniciar desde tomar conocimiento del asunto.
Asimismo, hay que considerar que ya no habrá Salas que auxilien al Pleno de la SCJN; serán 9 ponencias en lugar de 11; la nueva integración buscará una forma “alternativa” de resolver los casos, como una Corte itinerante o que implemente lenguaje popular; los conflictos previsibles al interior del Tribunal Constitucional y la inexperiencia de algunos los nuevos togados que tendrán su curva de aprendizaje.
Lo que en conjunto haría previsible que aumente el rezago, asimismo hay que valorar los asuntos pendientes en juzgados y tribunales federales que eventualmente podrían llegar al Pleno de la SCJN, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal en 2024 existían poco más de 706 mil pendientes en el Poder Judicial Federal (PJF), tan solo en 2024 ingresaron 2,024,297 nuevos asuntos. Es previsible que la nueva SCJN ya no reciba tantos expedientes de tribunales inferiores y que muchos juicios sean reenviados a los mismos.
En cuanto a los asuntos pendientes se considera oportuno clasificarlos en 3 tipos: i) Previos a la era AMLO, ii) Etapa AMLO y iii) Etapa Presidenta. Los primeros serán con el objeto de seguir estigmatizando a gobiernos del pasado y señalando la falta de celeridad de la anterior SCJN; en cuanto a la segunda vertiente es posible que haya algún matiz, pero seguramente se resolverán favorablemente al régimen y, en el tercer caso, es previsible que todos se resuelvan en favor del actual gobierno.
Una mención especial serán los asuntos que versen en materia tributaria, los que se resolverán en forma expedita por mandato constitucional (6 meses), no sólo para dar ejemplaridad, sino para que la nueva SCJN se legitime ante el poder económico, y debido a que el oficialismo estará ávido de obtener nuevos recursos fiscales.
La SCJN del “acordeón” y el PJF más que dar rumbo a las libertades y derechos van por asegurar la estabilidad y permanencia del actual régimen, no necesitamos ir muy lejos, la validación absoluta de los acordeones de parte del Tribunal Electoral; de septiembre en adelante los ojos estarán puestas en este Poder desde si usarán toga, cómo sesionarán y el sentido de sus resoluciones.
