Durante los últimos 20 años México ha incrementado exponencialmente las acciones en materia de política social como medio para mejorar las condiciones de vida de la población.
Un programa social se debe entender como aquellas acciones realizadas por el Estado, encaminadas a un sector de la población cuyas necesidades requieren ser satisfechas, en virtud de su situación de vulnerabilidad, protegiéndolo y garantizándole derechos humanos, tales como salud, educación, vivienda digna, empleo, entre otros.
En México, se inició con los programas sociales en el año de 1943 con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); en 1952 se creó el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y en 1964 el Instituto Nacional Indigenista (INI), de los que hasta la fecha, los dos primeros siguen subsistiendo, incluso con la misma denominación, no así el tercero, el cual se ha modificado con el tiempo, siendo actualmente el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), sin que la esencia de lo que protege haya cambiado.
Sin embargo, los programas sociales se consolidaron en el período comprendido de 1964 a 1982, con la creación en 1970 del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCAPER); en 1973, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y en 1982, el Programa de Apoyo Alimentario (PAL).
Para el período de 1982 al 2000, se dio la mayor expansión de los programas sociales, pues se creó en 1988 el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL); en 1995, el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) y en el 2000 el Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI).
Así, para el período de 2000 a 2018, se llevó a cabo la consolidación de los programas sociales, y su modernización conforme a las necesidades que la población sigue requiriendo, tales como: el Programa de Empleo Temporal (PET) en el año 2002; en 2007, el Programa Oportunidades (PROSPERA); en 2013, el Programa Nacional de Prevención de Delitos (PNPD) y en 2018, el Programa Sembrando Vidas.
Los programas sociales en México han evolucionado, adaptándose a las múltiples necesidades de la población con el paso de los años, teniendo un importante significado en la vida de millones de mexicanos, con independencia del partido político que se encuentre en el poder, pues de acuerdo con la línea del tiempo que marca su implementación, es importante resaltar que no es una idea reciente, ya que su fin, como se ha mencionado, data del año 1943 con la creación del IMSS, con el objetivo de favorecer el servicio de salud para un gran número de mexicanos y cuyos efectos se trasladaron a diversos temas sociales de gran importancia para la población.
Y es que dichos programas han sido integrados a la población de diversas formas. Un ejemplo de ello es la pensión para adultos mayores, la que existe en la Ciudad de México desde 2001, cuando Andrés Manuel López Obrador era Jefe de Gobierno y para toda la República en el sexenio de Vicente Fox Quezada, pues con los cambios de gobierno, el programa “Progresa” se renombró “Oportunidades” en 2000 y en 2014 pasó a ser “Prospera”, que tenían como objetivo romper el ciclo de pobreza extrema intergeneracional de las familias mexicanas.
Las acciones que desarrolló el programa Oportunidades en apoyo a los adultos mayores de 70 años fue dirigido inicialmente a los que vivían en zonas rurales y posteriormente se amplió a localidades de más de 20 mil habitantes. Muy recientemente ese límite de edad para obtener la pensión de adulto mayor fue reducido a 65 años.
Lo anterior explica claramente que los programas sociales no se han perdido con el paso de los años, ni se perderán, y su modificación atiende únicamente al plan de trabajo del gobierno en turno, con base en las necesidades de la población, las que se encuentran en constante cambio, pero garantizadas constitucionalmente al formar parte de los derechos fundamentales que el Estado está obligado a mantener y proteger, sin condicionarlo a finalidades político-electorales.
Aunado a lo anterior, debe destacarse que los programas sociales deben ser entregados o dispuestos de forma responsable, pues ellos pueden consumir buena parte de los recursos del presupuesto asignado a otros rubros que son importantes para la sociedad y que constituyen derechos humanos inalienables, tales como la educación y la salud; por tanto, deben otorgarse de forma consciente y responsable por parte del Estado.
