En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del pasado 28 de noviembre, se publicó el decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
En su carácter de Cámara revisora, el Senado realizó modificaciones a lo aprobado por la Cámara de Diputados y ésta aceptó las modificaciones realizadas.
Senadora de Morena por Guerrero
Concluido el proceso legislativo, entra en vigor la nueva ley contra la extorsión que contribuirá a combatir este delito al unificar el tipo penal en todas las entidades del país y establecer penas muy altas para quienes incurran en esta actividad criminal, que es un auténtico flagelo para la vida social del pueblo de México.
La nueva ley identifica el delito de extorsión “A quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico…” Este delito aumenta año tras año en el país, no es reciente, ocurre en sus diversas modalidades, ya sea desde aquel conocido como derecho de piso cometido contra comerciantes, prestadores de servicios, etcétera; la imposición de precios para productores y comercializadores y hasta los delitos disfrazados de eventos fortuitos como es el caso de los incidentes automovilísticos forzados, también conocidos como monta choques. También, por desgracia, se comete contra las mismas autoridades municipales y estatales, por parte del crimen organizado.
La ley contra la extorsión distribuye competencias y establece las formas de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de extorsión. El hecho de que el delito de extorsión pase de ser abordado de manera simple en el Código Penal de la Federación, para desarrollarse a través de una ley general que servirá de parámetro para adecuar las disposiciones legales de cada entidad federativa, constituye un avance notable que contribuirá a fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad diseñada por el gobierno federal que está dando resultados.
El carácter general de la nueva ley, publicada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca la homologación del tipo penal básico para el delito de extorsión, para que se catalogue y persiga por igual en las 32 entidades del país, a través de las fiscalías estatales y la General de la República.
Lo anterior implica, al tratarse de una ley general exclusiva, la necesidad de contar con unidades especializadas al interior de las fiscalías para investigar, procesar y presentar los casos ante la justicia, en materia del delito de extorsión. De esto trató una de las modificaciones a la minuta enviada por las y los diputados federales, ya que contemplaba que fueran, como hasta ahora, las unidades especializadas contra el secuestro las encargadas de esta tarea. Se modificó el artículo 13 de la nueva ley para dejar explícito la necesidad de contar con unidades especializadas en materia de extorsión, sean ministerios públicos, policías e investigadores, pero también se agrega un artículo transitorio para que, hasta en tanto las fiscalías cuenten con dichas unidades, sean las especializadas contra el secuestro las responsables.
Otra modificación a la minuta que recibió el Senado se centró en las penas que, según lo aprobado anteriormente en la Cámara de Diputados, irían de seis a 15 años, lo que permitiría que personas que actualmente cumplen sentencia por el delito de extorsión de 15 o más años, como ocurre en algunas entidades federativas, se vieran favorecidas y obtendrían su libertad inmediata. De modo que se modificó la minuta para que la pena mínima por extorsión sea de 15 años y la máxima de 25 años, lo que incrementa, también, las penas por agravantes contenidas en la nueva ley.
El Senado de la República actuó responsablemente como Cámara revisora y realizó un mejor producto legislativo, a través del diálogo y la razón, que es la esencia del trabajo parlamentario, lo que se reflejó en el voto unánime para aprobar las modificaciones a la minuta y que la Cámara de origen aceptó.
Durante el debate en tribuna manifesté que, desde el gobierno federal, se tiene un modelo y una estrategia con las cuales se trabaja para alcanzar mejores niveles de seguridad, lo que ya está ocurriendo desde el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La Estrategia Nacional de Seguridad se fortalece con la expedición de esta nueva ley que ya está en vigor y pronto veremos sus primeros efectos positivos en el país.
