Cada mujer asesinada es una vida truncada, una familia rota y una deuda más del Estado con la justicia. Durante años, nuestro país ha avanzado en el reconocimiento jurídico del feminicidio.
Desde su tipificación en 2012, se ha construido un andamiaje legal que busca proteger a las mujeres contra este delito, que no es un homicidio como los demás; estos responden a razones de género, violencia y subordinación histórica.
En México, la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni circunstancial. Es una expresión profunda de desigualdad estructural que, en su forma más extrema, se traduce en feminicidio.
La realidad nos confronta con una verdad incómoda: la ley existe, pero su aplicación sigue siendo insuficiente. Hoy, mientras en México se registran más de 10 mujeres asesinadas cada día en nuestro país, solo una parte de ellos se investiga como feminicidio. Esta brecha no es menor; como resultado, muchas muertes violentas son minimizadas como homicidios simples, debilitando el acceso a la justicia y negando a las víctimas y sus familias el derecho a la verdad.
Este escenario nos exige algo más que indignación: demanda decisiones legislativas que cierren los espacios de discrecionalidad. Por ello, impulsé una propuesta para que toda muerte violenta de una mujer sea investigada de inicio como feminicidio. No se trata de prejuzgar, sino de asegurar que ninguna línea de investigación quede fuera. Además, esta iniciativa busca ampliar los supuestos que configuran el feminicidio. Porque cuando el Estado falla en nombrar correctamente el delito, también falla en prevenirlo, investigarlo y sancionarlo.
Paralelamente, la presidenta Claudia Sheinbaum avanza hacia la construcción de un Estado mexicano que enfrenta la violencia feminicida, impulsando una Ley General en materia de feminicidio. La propuesta busca unificar criterios en todo el país y evitar interpretaciones discrecionales; establece que toda muerte violenta de una mujer se investigue desde el inicio como feminicidio; fortalece la coordinación entre autoridades y garantiza derechos integrales para víctimas y sus familias; y también endurece sanciones y elimina beneficios procesales para agresores.
Nombrar la violencia feminicida es un acto de justicia. Cada caso que se invisibiliza es una historia que se borra y una oportunidad que se pierde para romper el ciclo de impunidad. México no debe ignorar la realidad por la que viven las mujeres. Si aspiramos a la igualdad, ninguna mujer debería morir sin que su historia sea entendida, investigada y, sobre todo, dignamente reconocida.
