La vivienda en México ha dejado de ser únicamente una cuestión urbana para convertirse en un tema de justicia social. La reciente aprobación del dictamen por parte del Senado de la República, referente a una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, incorpora el concepto de “vivienda adecuada” en la legislación no solo actualiza el lenguaje jurídico: redefine la relación entre el Estado y uno de los derechos más postergados en el país.

Además, “vivienda adecuada” es un precepto que está alineado a los estándares internacionales de derechos humanos como el de la ONU-Hábitat y cumple con los lineamientos de accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, servicios básicos, habitabilidad, seguridad en la tenencia y buena ubicación.

Durante décadas, la política habitacional se centró en el acceso al crédito como solución casi única. Sin embargo, la realidad desbordó ese enfoque. Hoy el déficit habitacional —que ronda entre 8 y 9 millones de viviendas— no es solo una cifra alarmante, sino el reflejo de una desigualdad estructural. No se trata únicamente de construir más casas, sino de garantizar condiciones dignas: servicios básicos, ubicación, seguridad jurídica y habitabilidad.

En ese contexto, el dictamen representa un avance relevante. Reconocer la vivienda como un derecho “medible y exigible” implica, en teoría, que el Estado asume una obligación concreta. Además, ampliar las facultades de instituciones como Infonavit y Fovissste para construir, rehabilitar y hasta arrendar viviendas rompe con la lógica limitada del financiamiento. Es un giro necesario: el mercado por sí solo no ha sido capaz de ofrecer soluciones accesibles para los sectores populares.

La construcción de 1.8 millones de viviendas y la regularización de escrituras suenan ambiciosas, pero requieren algo más que voluntad política: exigen coordinación institucional, transparencia y, sobre todo, una visión de largo plazo. También es indispensable enfrentar las distorsiones del mercado inmobiliario. Hoy, menos del 1% de la vivienda nueva es accesible para quienes más lo necesitan. Mientras tanto, crecen los asentamientos irregulares y la autoproducción sin apoyo técnico. Si esta reforma no logra incidir en esa lógica, corre el riesgo de convertirse en un esfuerzo insuficiente frente a un problema de gran escala.

Por lo pronto, con la aprobación de este dictamen, avanzamos hacia el fortalecimiento de los derechos laborales y en la construcción de un país más justo, donde el acceso a una vivienda adecuada se perfila en ser un derecho efectivo para millones de familias y la clase trabajadora de nuestro México.