Asegurar el acceso de toda la población a los derechos sociales debería ser la prioridad de todo gobierno democrático porque se trata de su razón de ser en la modernidad.
Que cada persona tenga acceso a derechos laborales, seguridad social, alimentación, educación, salud, un entorno saludable, la recreación y la cultura, durante diferentes etapas de su vida dentro del territorio que habita, es lo que conocemos como “bienestar” y crear las condiciones para garantizarlo es una de las razones por las que elegimos gobernantes y autoridades.
Cuando dichas autoridades no trabajan para mantener niveles de bienestar aceptables para su gente, simplemente están fallando; si usan como propaganda la bandera del bienestar y lo que en realidad hacen es dispersar recursos económicos, están haciendo el trabajo a medias, porque las personas necesitan servicios básicos e infraestructura para materializar los derechos sociales ya mencionados.
Es decir, siempre habrá grupos vulnerables que requieran becas o apoyos sociales provenientes de las arcas públicas y está muy bien que las reciban; sin embargo, no puede ser lo único que las autoridades hagan por ellos. Pensémoslo así, ¿una persona que cuenta con algún apoyo económico gubernamental deja de necesitar calles seguras y hospitales públicos? Claro que no, el recurso ayuda a solventar alguna necesidad específica como la posibilidad de comprar alimentos o útiles escolares, pero no sustituye el acceso a sus derechos sociales.
Por otra parte, la población que no es sujeto de apoyos económicos también debe tener garantizado el acceso al bienestar o de lo contrario estaría viendo la precarización de su calidad de vida. De hecho, en un gobierno de derechos y no de dádivas, los apoyos sociales son medidas temporales que, en el marco de políticas públicas integral, ayuda a sacar a más personas de la pobreza, no a hacerlas cada vez más dependientes económicamente del Estado.
Es relevante traer esta discusión porque uno de los elementos más destacados del próximo Presupuesto Federal de Egresos es el aumento de poco más de 600 mil millones de pesos a 16 programas sociales que, si bien tienen nombres que apelan a bienestar, no están conectados integralmente con políticas públicas medibles que incluyan servicios públicos, instituciones e infraestructura que los materializan.
También es importante considerar que, en un entorno económico poco holgado, los recursos públicos deben buscar el impulso y no la dádiva, pues lo más importante para salir del bache derivado de la pandemia, es empoderar a la población. Desafortunadamente para México, los calendarios electorales se han puesto por encima de la recuperación.
