por Sophía Huett
El ruido era el mismo cada noche. Un rugido lejano, metálico, que sacudía las ventanas. En la casa de doña María, en una colonia del norte de Sonora, nadie sabía si era el tren o los disparos.
Lo que parecía un problema lejano —las rutas del narco, el fentanilo, las armas— terminó vaciando una comunidad entera.
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Su hijo, Luis, de veintidós años, decidió irse “al otro lado” porque en el taller donde trabajaba ya no quedaban clientes: la carretera se volvió zona de nadie. En menos de dos años, el negocio cerró, el transporte subió de precio y los camiones dejaron de llegar por miedo a los bloqueos.
Por eso la relación con Estados Unidos en materia de seguridad sí importa, aunque a veces parezca una discusión entre cancillerías. Lo que se decide en una mesa binacional termina afectando la vida cotidiana: la seguridad en las calles, el empleo, la posibilidad de que un hijo encuentre futuro o de que una madre pueda dormir tranquila.
La violencia en México no ocurre en el vacío. Se alimenta del flujo constante de dinero, armas y drogas que cruzan la frontera en ambas direcciones: de un lado, las pastillas de fentanilo; del otro, los rifles de asalto y los dólares ilícitos. Interrumpir ese circuito es el sentido real de la cooperación.
Hoy esa cooperación atraviesa una nueva etapa. Misión Cortafuegos marcó un punto de inflexión: un acuerdo para frenar el tráfico de armas hacia México y fortalecer la inspección en puertos, aeropuertos y cruces fronterizos. Incluye rastreo balístico, intercambio de inteligencia y la extensión del sistema eTrace a los 32 estados. EU intensificó las revisiones en sus puntos de salida para evitar que el mismo mercado que abastece su consumo interno alimente la violencia en el sur.
A esto se suma el Grupo de Implementación de Seguridad México–EU, que revisa los avances en drogas, armas, finanzas ilícitas y robo de combustible. En sus primeros reportes se documentan más de 18 000 detenidos, 144 toneladas de droga —1.5 de fentanilo y más de dos millones de pastillas—, 9 600 armas decomisadas y 839 laboratorios clandestinos desmantelados. Son cifras que muestran resultados, pero también la escala del reto: cada decomiso es solo una parte visible de una red que se regenera y se adapta.
El cambio más profundo está en el método. Por primera vez, la cooperación se apoya más en inteligencia, trazabilidad y control financiero que en despliegue militar. Se cruzan bases de datos balísticas, se rastrean precursores químicos y se comparten patrones financieros. El objetivo ya no es capturar más, sino desmantelar las redes que sostienen al crimen.
Y nada de eso funciona sin confianza. Compartir información sensible o planear extradiciones exige creer que el otro país no filtrará ni manipulará lo que recibe. Esa confianza no se decreta: se construye con tiempo y resultados. Después de años de tensiones, hoy hay señales claras de cooperación renovada entre agencias civiles, militares y fiscales de ambos lados.
En paralelo, se reforzaron los mecanismos de inteligencia financiera y el intercambio aduanero para identificar embarques sospechosos. También se incorporó el robo de hidrocarburos como prioridad binacional y se modernizaron los sistemas de inspección con sensores químicos y rayos gamma que permiten combatir el contrabando sin afectar el comercio legítimo.
¿Por qué debería importarle todo esto a la gente? Porque cada arma que no cruza la frontera es un asalto menos en alguna ciudad; cada laboratorio desmantelado, una familia menos en riesgo; cada dólar ilícito rastreado, un golpe a la economía del crimen. Cuando México y Estados Unidos cooperan con respeto y confianza, los resultados no se miden en comunicados, sino en vidas protegidas.
Doña María lo sabe sin leer informes. Cada vez que su hijo la llama desde Tucson, le dice que sueña con volver sin miedo. Esa es la verdadera frontera: no la que divide países, sino la que separa el miedo de la esperanza. Y cruzarla solo será posible si ambos lados la cuidan juntos.
Es especialista en seguridad, inteligencia estratégica y fortalecimiento institucional, con más de dos décadas de experiencia en el servicio público. Ha ocupado cargos de dirección en la Policía Federal, la Presidencia de la República y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato.
Es Doctoranda en Derechos Humanos por la Universidad de Guanajuato, ex becaria y socia del International Women’s Forum (IWF), así como asociada de COMEXI. Además, es conferencista en temas de seguridad, liderazgo y estrategia, con un enfoque en la construcción de instituciones confiables, profesionales y con perspectiva humana.
