El nombre de Hernán Bermúdez Requena se ha desvanecido de la cobertura mediática, pero no de los expedientes judiciales. Mientras el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, señalado como líder del grupo criminal “La Barredora”, permanece prófugo, las autoridades mexicanas rastrean la red de negocios que habría construido junto con su familia para expandirse en el sector de juegos y apuestas en México y el resto de América Latina. 

Las investigaciones apuntan a un esquema basado en salas de juegos y sorteos, en el que participan familiares cercanos de Bermúdez Requena. Entre ellos destacan su hermano, Humberto, y su sobrino, Gerardo Bermúdez Arreola, socio en Paraguay de Montego Trading S.A., empresa que operaba apuestas deportivas a través de la plataforma crowncityplay.com.py. 

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, estas plataformas habrían registrado un crecimiento acelerado, tanto en número de usuarios como en su peso dentro del sector de apuestas. La bonanza de la familia Bermúdez incluso se reflejó en su patrimonio: en diciembre de 2024, el hermano de Hernán adquirió un departamento de lujo en Miami por 1.3 millones de dólares. El caso es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Omar Reyes Colmenares; la Fiscalía General de la República, dirigida por Alejandro Gertz Manero; y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch. Además, se ha establecido colaboración con las autoridades paraguayas y con la Comisión Nacional de Juegos de Azar de ese país.

Previo a la llamada “elección judicial” del 1 de junio, la dirección de administración financiera del poder judicial de la Ciudad de México, ordenó, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la retención de dinero de contribuyentes que entablaron demandas y no atendieron, por descuido u omisión, avisos o pronunciamientos de los jueces, lo que se convirtió en multas económicas. 

Los casos fueron miles, el recurso económico que fue enviado al órgano judicial fue millonario. La situación es caótica, porque a pesar de que un banco cumplió con el mandato, retuvo el recurso, lo envió al destinatario ordenante y por ende, disminuyó el dinero en la cuenta del multado, el resto de las instituciones crediticias, no regresa el monto, hace caso omiso a los oficios del levantamiento del embargo y por ende, se aprovecha del efectivo, que no le pertenece.