El anuncio llegó como trueno en día despejado. El 10 de septiembre, la Secretaría de Economía soltó la bomba: México aplicaría aranceles de hasta 50% a más de mil 400 productos de China y otros países asiáticos. La medida sonó contundente, nacionalista, protectora de la industria nacional y engranaje del Plan México.

Lo que empezó como un gesto de firmeza frente a la avalancha asiática se convirtió en una muestra de improvisación política y técnica. Los borradores hablaban de gravámenes de entre 10 % y 50 % para bienes sin tratado de libre comercio con México, abarcando desde automóviles hasta plásticos, maquinaria, motocicletas y productos químicos. La justificación: proteger empleos e industrias ante una competencia desleal.

Pero el plan no pasó la primera prueba: la del diálogo interno. El Congreso, dominado por el oficialismo, pidió más tiempo y detuvo la discusión bajo el argumento de que el costo económico y diplomático de aprobarlo sin matices sería alto. A la vez, el gobierno chino protestó formalmente y advirtió sobre posibles represalias.

La resistencia más visible vino del sector privado, que advirtió que elevar los aranceles encarecería insumos, reduciría la competitividad y presionaría la inflación. México depende de componentes chinos para su manufactura exportadora; golpear a China sin medir los efectos, advirtieron, sería dispararse en el pie.

En el trasfondo, hay lecturas más amplias. Algunos ya advertían que el Gobierno se estaba precipitando y gastando una de sus mejores balas antes de la verdadera batalla: la del T-MEC. Otros, vieron en la iniciativa un gesto político hacia Trump, mostrando que el país está alineado con la narrativa estadounidense que identifica a China como amenaza. Pero esos cálculos no disimulan la falta de planeación. Ninguna de las evaluaciones de impacto -ni de cadenas productivas, fiscal, ni inflacionaria- se presentó junto con el anuncio.

A la par, la Secretaría de Economía ha desplegado otras medidas arancelarias más focalizadas, como las aplicadas al calzado, textiles y, recientemente, al azúcar, justificadas en la defensa de mercados, empleos y precios internos. En el papel, parecen parte de una estrategia industrial integrada y de consolidación fiscal; en la práctica, son decisiones fragmentadas, sin visión de conjunto, que responden más a coyunturas que a una política comercial sólida.

Es cierto que Trump ha obligado a responder por nota, pero lo que México necesita no es un golpe de efecto, sino una hoja de ruta coherente con su realidad productiva, sus alianzas y su posición geopolítica. El Gobierno buscó mostrar músculo y terminó exhibiendo descoordinación.

Si el Congreso aplaza la discusión, no será por prudencia legislativa, sino por falta de acuerdos internos, de sustento técnico o de una estrategia geopolítica coherente. Y cuando el tema resurja -quizás con el T-MEC en la mesa- se tendrá que decidir si actúa con pragmatismo, calibrando las decisiones comerciales con realismo, o si cede a la tentación del populismo comercial, con los aranceles como bandera política arriesgando competitividad.